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Subsidios al transporte: así funcionará el nuevo sistema bonaerense
La Provincia reemplazó el convenio con la Nación y administrará directamente los subsidios al transporte para líneas provinciales y municipales que circulan en el AMBA.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso fin al convenio que mantenía con el Estado nacional para gestionar los subsidios destinados al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y establece un nuevo esquema bajo administración exclusivamente provincial.
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La resolución aprueba el acta firmada entre ambas jurisdicciones durante marzo de este año y deja sin efecto el mecanismo de cooperación que funcionaba desde fines de 2018.
Un cambio en la administración
Durante la vigencia del acuerdo, la Provincia tenía la responsabilidad de definir la política de subsidios para las líneas provinciales y municipales, mientras que la Nación realizaba las tareas operativas relacionadas con el cálculo, la liquidación y el pago de las compensaciones económicas a las empresas de transporte.
Con el nuevo escenario, esas funciones pasarán a ser desarrolladas íntegramente por la administración bonaerense.
La modificación representa un cambio en la estructura administrativa utilizada para distribuir los recursos destinados al sostenimiento del sistema de transporte público dentro del territorio provincial comprendido en el AMBA.
El nuevo régimen también reemplaza la asistencia técnica que el Estado nacional brindaba para la gestión de los subsidios y concentra todas las responsabilidades en los organismos provinciales.
Se trata de una decisión que redefine las competencias de cada jurisdicción sin modificar el objetivo central del sistema de compensaciones, que continúa orientado a contribuir al funcionamiento de los servicios públicos de pasajeros.
Transporte con nuevas exigencias
Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización sobre las empresas beneficiarias.
La normativa establece que las compañías deberán presentar rendiciones de cuentas cada cuatro meses para acreditar el destino de los fondos públicos recibidos.
Entre los requisitos se incluye un detalle completo de las compensaciones percibidas, los gastos efectuados para prestar el servicio y una certificación firmada por un profesional matriculado en Ciencias Económicas que avale la utilización de esos recursos.
La Provincia busca contar con herramientas de control que permitan verificar la correcta aplicación de los subsidios y mejorar la transparencia del sistema.
La documentación será evaluada dentro de los plazos establecidos por el nuevo régimen y constituirá un requisito indispensable para mantener el acceso a las compensaciones económicas.
Además, la normativa incorpora un esquema progresivo de sanciones destinado a las empresas que incumplan con las obligaciones administrativas.
En una primera instancia podrá retenerse el 10% de los subsidios.
Si el incumplimiento continúa durante treinta días, la retención aumentará al 50%.
Cuando la falta de documentación se prolongue durante sesenta días, la Provincia podrá suspender la totalidad de las compensaciones hasta que la situación sea regularizada.
Este sistema pretende garantizar un mayor nivel de cumplimiento y fortalecer la supervisión sobre los recursos públicos destinados al transporte.
Más controles y nuevas responsabilidades
El cierre del convenio también implica que el Gobierno nacional dejará de intervenir en diversas funciones complementarias vinculadas con el esquema anterior.
Entre ellas figuran las cuestiones relacionadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE, las comisiones derivadas del funcionamiento del sistema y las compensaciones por combustible destinadas a las empresas del sector.
Con la implementación del nuevo régimen, todas las responsabilidades relacionadas con la administración de los subsidios correspondientes a las líneas provinciales y municipales quedarán bajo la órbita del Gobierno bonaerense.
La medida constituye un cambio institucional en la forma de gestionar uno de los principales mecanismos de financiamiento del transporte público en el AMBA.
Aunque el decreto modifica la estructura administrativa, no establece cambios inmediatos en las tarifas del servicio ni altera automáticamente las condiciones de funcionamiento para los usuarios.
Su impacto principal se concentra en la administración de los recursos, el seguimiento de las empresas beneficiarias y la creación de un sistema de rendición de cuentas con mayores exigencias documentales.
El nuevo esquema también busca otorgar mayor autonomía a la Provincia para administrar las compensaciones destinadas al transporte de pasajeros y definir los mecanismos de control sobre su utilización.
Con la finalización del convenio iniciado en 2018, la gestión bonaerense abre una nueva etapa en la administración de los subsidios, con procedimientos propios para distribuir, fiscalizar y eventualmente sancionar a las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas por la normativa vigente.
