CARBAP denunció un recorte de fondos en plena alerta por El Niño

La entidad ruralista rechazó que los municipios puedan redirigir recursos viales a obras hídricas y reclamó transparencia en el uso de la tasa vial y nuevas fuentes de financiamiento.

La utilización de fondos destinados a los caminos rurales para financiar obras de prevención contra inundaciones generó un nuevo conflicto entre el sector agropecuario y las autoridades bonaerenses. La medida aprobada por la Legislatura provincial apunta a facilitar intervenciones hidráulicas frente al riesgo asociado al fenómeno de El Niño, pero despertó cuestionamientos por sus posibles consecuencias sobre la infraestructura vial.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó un rechazo contundente a la modificación legal. La entidad advirtió que los caminos de tierra atraviesan un deterioro importante y sostuvo que quitarles recursos puede agravar las dificultades que enfrentan productores y habitantes de las zonas rurales.

El planteo no desconoce la necesidad de realizar obras para prevenir inundaciones. El cuestionamiento se concentra en el origen del dinero elegido para financiarlas y en la forma en que se aprobó el cambio. Para CARBAP, las tareas hidráulicas deben contar con recursos propios o con otras partidas, sin comprometer el mantenimiento de una red vial indispensable para el interior de la provincia.

El rechazo de CARBAP a la nueva ley

La controversia se originó con la modificación de la Ley 13.010, que habilita a los municipios bonaerenses a destinar fondos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de caminos a la ejecución de obras hídricas.

CARBAP recordó que el esquema vigente contempla recursos equivalentes al 12,5% de la recaudación de ese impuesto para el mantenimiento de los caminos rurales. En su comunicado, la entidad rechazó que ese dinero pueda redirigirse a otros objetivos y advirtió que la infraestructura vial necesita mayores inversiones para recuperar y conservar condiciones adecuadas de circulación.

El reclamo tiene como trasfondo la importancia de los caminos rurales para la actividad económica y social. En numerosas zonas del interior bonaerense, las vías de tierra constituyen una conexión esencial entre los establecimientos agropecuarios, las rutas principales, las localidades y los servicios básicos.

El deterioro de esa infraestructura puede dificultar el movimiento de la producción, encarecer traslados y complicar el acceso a escuelas, centros de salud y otros servicios. Por eso, las entidades rurales consideran que el mantenimiento de la red vial no puede quedar supeditado a la disponibilidad de recursos que originalmente tenían otro destino.

La posición de CARBAP apunta a evitar que una respuesta de emergencia frente al riesgo hídrico termine generando nuevas dificultades en los caminos. La entidad sostiene que ambas necesidades deben atenderse, pero con una planificación presupuestaria que permita financiar las obras sin debilitar los recursos destinados a la conservación vial.

Obras hídricas ante el riesgo de inundaciones

La nueva norma fue aprobada por la Cámara de Diputados bonaerense después de haber avanzado en el Senado. La iniciativa autoriza a los municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos del Inmobiliario Rural destinados a la red vial para realizar obras hidráulicas.

El proyecto fue impulsado por el senador Sergio Raúl Vargas, integrante del bloque Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi. Su objetivo es permitir que los gobiernos locales dispongan de recursos para trabajos de prevención y respuesta frente a posibles inundaciones vinculadas con El Niño.

La autorización tendrá una vigencia de 180 días desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Entre las intervenciones que podrán financiarse se encuentran los drenajes pluviales, la limpieza de canales, la reparación de alcantarillas, las defensas hídricas y la adquisición de equipamiento.

Estas tareas pueden resultar relevantes para facilitar el escurrimiento del agua y mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante episodios de lluvias intensas. Sin embargo, el alcance de la medida también abre interrogantes sobre cómo se sostendrán las tareas de mantenimiento vial mientras parte o la totalidad de los recursos habilitados se destine a obras hidráulicas.

Para CARBAP, la prevención no debería plantearse como una elección entre caminos e infraestructura hídrica. La entidad sostiene que la provincia necesita atender ambas cuestiones y que el financiamiento debe organizarse de modo que una intervención no se concrete a costa de desatender otra necesidad estructural.

En ese sentido, la discusión no se limita al volumen de dinero disponible, sino que también involucra las prioridades de inversión y los criterios de distribución de los recursos públicos.

La tasa vial y las críticas al tratamiento legislativo

CARBAP también dirigió sus cuestionamientos a los municipios, a los que señaló por la recaudación de la tasa vial. Según la entidad, los gobiernos locales ya cuentan con ingresos destinados al mantenimiento de los caminos, pero la situación de numerosas trazas continúa siendo crítica.

A partir de ese diagnóstico, reclamó que se controle la administración de los recursos existentes y que se garantice su utilización para los fines previstos. La organización considera que, antes de recurrir a partidas del Impuesto Inmobiliario Rural, corresponde revisar cómo se distribuyen y ejecutan los fondos municipales vinculados con la red vial.

La confederación también cuestionó el procedimiento utilizado para aprobar la ley. Bajo el título “Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí”, expresó su malestar porque el proyecto fue tratado sobre tablas, sin una instancia previa de debate en comisiones.

En el comunicado, atribuyó la posibilidad de avanzar con ese mecanismo a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura y señaló que las fuerzas políticas que lo hicieron posible comparten responsabilidad por la decisión.

La entidad, además, criticó el ritmo de actividad parlamentaria durante el año y cuestionó que la respuesta legislativa se acelerara en torno a una modificación que considera perjudicial para el mantenimiento de los caminos rurales.

Respecto de la prevención ante El Niño, CARBAP sostuvo que las obras deben ejecutarse antes de que se produzcan las catástrofes y no mientras sus consecuencias ya afectan a la población. Por eso, pidió buscar fuentes alternativas de financiamiento y evitar que la atención de una emergencia se traduzca en el desfinanciamiento de otra infraestructura esencial.

La aplicación de la ley y las decisiones que adopte cada municipio serán claves para observar cómo se distribuyen los recursos durante el período de vigencia de la autorización. El desafío será compatibilizar las obras hidráulicas con el mantenimiento de los caminos, mientras continúa el reclamo ruralista por una planificación que contemple las necesidades productivas y sociales del interior bonaerense.