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Las nuevas obligaciones que buscan imponer a las plataformas digitales de repartos
Las plataformas digitales en la mira de un proyecto presentado en el Senado bonaerense que establece nuevas obligaciones para las empresas que deberán informar datos laborales, garantizar seguros y facilitar espacios de descanso.
Las aplicaciones de reparto y transporte se convirtieron en una alternativa laboral para miles de personas en la provincia de Buenos Aires. Su funcionamiento permitió ampliar las posibilidades de generar ingresos, pero también consolidó un sistema de trabajo que plantea desafíos en materia de regulación, seguridad y responsabilidades empresariales.
A diferencia de los empleos tradicionales, quienes utilizan estas plataformas suelen organizar sus jornadas mediante aplicaciones que asignan pedidos, viajes y servicios. Esta modalidad genera nuevas formas de vinculación entre trabajadores y empresas, con condiciones que no siempre resultan fáciles de identificar desde el punto de vista laboral.
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En ese contexto, el gobierno bonaerense busca avanzar con una normativa que establezca obligaciones para las compañías y permita al Estado conocer con mayor precisión cómo funciona el sector. La propuesta pretende establecer un marco de intervención que abarque tanto a las empresas como a quienes realizan las tareas.
Las plataformas digitales deberán registrarse
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Trabajo provincial, encabezado por Walter Correa, y enviada por el Poder Ejecutivo al Senado bonaerense. Su tratamiento comenzó en la comisión de Trabajo y Legislación Social, donde se realizó una reunión informativa para analizar el contenido del proyecto.
La propuesta crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales y contempla la puesta en marcha de un Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, que funcionará dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo.
La inscripción será obligatoria para las empresas que desarrollan actividades mediante aplicaciones. El objetivo es que el Estado deje de depender de información fragmentada y pueda acceder a datos concretos sobre las características de este mercado laboral.
Entre los datos que deberán proporcionar las compañías se encuentran la cantidad de personas que trabajan mediante sus aplicaciones, la situación contractual de cada grupo de trabajadores y las condiciones bajo las cuales se desarrolla la actividad.
También deberán informar las horas trabajadas, los ingresos promedio y la participación de intermediarios en la prestación de los servicios.
Este último aspecto resulta relevante porque el funcionamiento de algunas plataformas puede involucrar diferentes actores entre la empresa que administra la aplicación y la persona que finalmente realiza el reparto o el traslado.
Con el registro, la Provincia busca disponer de información que permita identificar las características del sector y desarrollar herramientas de seguimiento y planificación.
Seguros obligatorios y responsabilidad empresarial
Otro de los cambios centrales que plantea el proyecto está relacionado con la cobertura ante accidentes. Las empresas deberán contratar seguros de accidentes personales para quienes desarrollan tareas mediante sus plataformas.
La obligación alcanzará a los trabajadores que realizan reparto, retiro, traslado y entrega de bienes, además de quienes transportan pasajeros en la vía pública.
La cobertura mínima deberá incluir muerte accidental, invalidez total o parcial permanente y asistencia médica y farmacéutica de emergencia.
Uno de los aspectos destacados es que el seguro no estará limitado exclusivamente al momento en que el trabajador concreta una entrega o un viaje. La protección comprenderá el período que transcurre desde la conexión hasta la desconexión de la plataforma, además de determinados desplazamientos relacionados con el servicio.
La medida busca responder a uno de los riesgos más importantes de esta actividad: la exposición permanente a accidentes durante los desplazamientos.
Para los repartidores que utilizan motocicletas y bicicletas, así como para los conductores de automóviles, permanecer varias horas en la vía pública implica afrontar situaciones de tránsito que pueden tener consecuencias económicas y personales.
La cobertura prevista pretende establecer una responsabilidad concreta para las empresas que administran las aplicaciones y que organizan la asignación de servicios.
De esta manera, el proyecto busca que la protección frente a los accidentes no dependa exclusivamente de los recursos individuales de cada trabajador.
Paradores y herramientas tecnológicas
Las obligaciones previstas no se limitan a los seguros y al registro de las compañías. La iniciativa también incorpora una propuesta de infraestructura destinada a mejorar las condiciones cotidianas de quienes trabajan en la calle.
Se trata de la creación de paradores que deberán ofrecer espacios adecuados para descansar, alimentarse y utilizar sanitarios. Además, tendrán que garantizar el acceso a agua potable, el resguardo de pertenencias personales y lugares para estacionar los vehículos utilizados durante la jornada.
El proyecto contempla que estos espacios puedan desarrollarse mediante la coordinación entre el sector público, los municipios y las empresas.
La posibilidad de contar con paradores representa un aspecto importante para trabajadores que pasan buena parte del día esperando pedidos o nuevos viajes en distintos puntos de las ciudades.
A esto se suma el desarrollo de una aplicación móvil específica para el sector. La herramienta estará orientada a facilitar el acceso a servicios, información y trámites, además de incorporar mecanismos de emergencia y avisos rápidos de seguridad.
También se prevén instancias de capacitación y herramientas para coordinar políticas públicas destinadas a quienes trabajan mediante plataformas.
Los sindicatos participaron del debate
El análisis de la iniciativa incluyó la participación de organizaciones sindicales y representantes de trabajadores de distintas aplicaciones.
En la reunión legislativa estuvieron presentes integrantes del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), del Sindicato de Choferes Particulares de La Plata, Berisso y Ensenada y del Sindicato Gremial de Motociclistas.
También participaron trabajadores vinculados con Rappi y Mi Ciudad, una plataforma originaria de La Plata, quienes compartieron sus experiencias y describieron las dificultades que enfrentan durante sus jornadas.
Los representantes del sector plantearon la necesidad de avanzar con una regulación que contemple las particularidades de esta modalidad laboral y permita mejorar las condiciones en las que se desarrolla.
La comisión fue encabezada por María Rosa Martínez, de Fuerza Patria, y contó con la participación de legisladores de distintos espacios políticos. Durante el encuentro también se abordó la importancia del Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculado con el debate sobre la regulación del trabajo mediante plataformas digitales.
El Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la conformación de una mesa de coordinación para implementar las medidas previstas.
El proyecto todavía debe completar su recorrido legislativo. Su eventual aprobación podría modificar las obligaciones de las empresas que operan en territorio bonaerense y establecer nuevas herramientas de protección para repartidores y choferes.
La discusión de fondo excede el funcionamiento de una aplicación: plantea cómo deben distribuirse las responsabilidades en un mercado laboral que creció con rapidez y que ahora enfrenta el desafío de combinar innovación tecnológica, actividad económica y protección de los trabajadores.
