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Peajes en la Ruta 6: cuestionan las tarifas y el control de Aubasa
El cobro electrónico en la Ruta 6 enfrenta un reclamo formal por su legalidad. La presentación cuestiona los aumentos, exige controles independientes y reclama transparencia.
La puesta en marcha de un sistema de peajes en una de las principales vías de conexión de la provincia de Buenos Aires abrió una discusión que combina costos de circulación, mantenimiento de la infraestructura y control estatal. La controversia también involucra los requisitos que deben cumplirse para establecer tarifas y las garantías que tienen los usuarios frente a las decisiones de la concesionaria.
El debate adquirió mayor intensidad luego de que comenzara a funcionar el cobro electrónico en dos sectores de la Ruta Provincial 6. La nueva modalidad modificó las condiciones para transitar por ese corredor, que conecta diferentes municipios y tiene importancia para los desplazamientos cotidianos y el transporte de cargas.
En ese escenario, una organización dedicada a la defensa de los usuarios viales presentó un reclamo ante las autoridades bonaerenses. Además de pedir que se interrumpa el cobro, cuestionó el mecanismo de actualización de los importes y reclamó información sobre las inversiones y los trabajos que justifican las tarifas.
Por qué cuestionan los peajes en la Ruta 6
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) intimó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a suspender el cobro de peajes en la Ruta 6. La presentación fue dirigida al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y planteó objeciones sobre el respaldo legal del sistema.
La entidad fundamentó su posición en un fallo de 2017 dictado por el entonces juez Luis Arias. Según el Conaduv, esa resolución estableció que Aubasa debía abstenerse de cobrar peajes en el corredor sin autorización legislativa expresa y sin una audiencia pública previa.
A partir de ese antecedente, la organización sostiene que la implementación actual no cumpliría con los requisitos necesarios. Por esa razón, solicitó que se suspendan los efectos de las resoluciones que habilitaron las tarifas y que se revise el procedimiento aplicado por las autoridades.
El reclamo, sin embargo, no significa que exista una nueva orden judicial que haya dispuesto el cese del cobro. Se trata de una intimación administrativa cuya presentación no anula automáticamente las decisiones cuestionadas ni modifica por sí sola las condiciones de circulación.
La diferencia es importante para los conductores: el pedido de una organización para suspender una tarifa no equivale a una resolución oficial que confirme su eliminación. La situación deberá evaluarse a partir de las respuestas de las autoridades y de las eventuales actuaciones posteriores.
Tarifas, aumentos y funcionamiento del Free Flow
El sistema de cobro comenzó a operar a principios de octubre bajo la modalidad Free Flow. A diferencia de los peajes tradicionales, no utiliza cabinas ni barreras físicas, sino dispositivos electrónicos que permiten identificar los vehículos durante el paso por los puntos habilitados.
Las primeras estaciones comenzaron a funcionar en San Vicente y General Las Heras. Para circular bajo esta modalidad, los usuarios deben contar con TelePASE, de acuerdo con las condiciones comunicadas para el sistema.
La tarifa informada para automóviles de dos ejes es de $2.276 en horario no pico en esos dos puntos. El esquema contempla diferencias según el horario y prevé una bonificación del 30% para residentes de las localidades alcanzadas, sujeta a las condiciones correspondientes.
Además, está prevista una tercera estación de cobro en Cardales. La incorporación de ese punto ampliaría el sistema a otro sector del corredor, aunque su puesta en funcionamiento debe distinguirse de las estaciones que ya comenzaron a operar.
Uno de los principales cuestionamientos del Conaduv se dirige al mecanismo de actualización trimestral de los importes, relacionado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. La organización reclama que los aumentos estén respaldados por información verificable sobre los costos de la concesión y que se explique cómo se determina el valor que pagan los conductores.
El planteo también busca que se conozcan las inversiones previstas, las obras ejecutadas y los gastos de mantenimiento. La discusión no se limita, por lo tanto, a la fórmula utilizada para actualizar los importes, sino que alcanza la justificación económica del sistema.
La discusión por la transparencia y el control estatal
El Conaduv también cuestionó la falta de un organismo regulador independiente. Según la entidad, la Provincia concentra funciones que deberían contar con mecanismos de supervisión adecuados: concede la explotación vial, interviene en la autorización de las tarifas y debe controlar a Aubasa, la empresa estatal que administra el corredor.
La organización considera que esa superposición puede generar dudas sobre la independencia de los controles. Por eso, reclama mayor transparencia en las decisiones relacionadas con los valores cobrados y con el destino de los recursos obtenidos.
El planteo se vincula con una discusión más amplia sobre los derechos de los usuarios y la obligación de brindar información clara acerca de los servicios públicos y las concesiones viales. Para evaluar el costo de un peaje, sostiene la entidad, no alcanza con establecer un mecanismo automático de actualización: también deben poder verificarse los gastos y las inversiones que fundamentan las tarifas.
La Ruta Provincial 6 tiene aproximadamente 180 kilómetros de extensión y atraviesa 12 municipios bonaerenses. Su trazado conecta diferentes rutas nacionales y provinciales y permite vincular las zonas portuarias de La Plata y Campana, lo que le otorga relevancia para el transporte y la actividad logística.
En ese contexto, cualquier cambio en los costos de circulación puede tener consecuencias para los usuarios frecuentes y para quienes trasladan mercaderías. No obstante, el impacto concreto depende de la frecuencia de uso, el tipo de vehículo y las condiciones tarifarias aplicables.
La presentación del Conaduv abrió un nuevo capítulo en la discusión por el cobro de peajes en la Ruta 6. La respuesta del Gobierno bonaerense y las eventuales actuaciones judiciales serán determinantes para conocer si habrá cambios en el esquema vigente.
Hasta que se comunique una decisión oficial que modifique las condiciones actuales, el reclamo debe entenderse como un cuestionamiento formal a la legalidad, las tarifas y los controles del sistema, y no como una suspensión confirmada de los pagos.
