Licitación de rutas: crece la disputa por concesiones viales

En medio de la licitación impulsada por el Gobierno Nacional, la empresa bonaerense Aubasa oficializó su oferta para gestionar rutas estratégicas, denunciando posibles aumentos desmedidos en los peajes del territorio.

El panorama vial de la provincia de Buenos Aires enfrenta un cambio de paradigma con el avance de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno Nacional. En este contexto, la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) ha decidido dar un paso al frente para competir por la administración de corredores viales fundamentales para el desarrollo de la región, entre ellos los accesos y rutas que conectan a la ciudad de Luján con el resto del territorio nacional. Sin embargo, este proceso está marcado por una fuerte controversia en torno a las condiciones de adjudicación y el futuro de las tarifas de peaje.

La postulación de Aubasa abarca tramos críticos de las rutas nacionales 3, 205, 226 y la Autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas. La decisión de la provincia de intervenir como oferente se basa en la ausencia de cláusulas que prohíban la participación de empresas estatales en los pliegos originales. No obstante, la reciente denuncia por cambios de último momento en la normativa del concurso ha puesto en duda la equidad de la competencia. Para los vecinos de Luján, que utilizan de forma cotidiana la Ruta Nacional 5 y sus conexiones hacia el sur y oeste, la gestión de estos caminos es un tema de economía doméstica y seguridad.

El modelo de gestión en la licitación de rutas

El debate de fondo planteado por el Ministerio de Infraestructura bonaerense es el modelo de negocios que se pretende imponer sobre las rutas nacionales. Mientras que el Gobierno Nacional promueve una privatización orientada a la explotación por parte de grupos empresarios, Aubasa defiende una lógica de gestión pública eficiente. Según datos aportados por la empresa provincial, su administración permite reinvertir el 100% de la recaudación en mejoras operativas y obras de infraestructura, manteniendo niveles de servicio verificables en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La preocupación central para los usuarios lujanenses radica en la advertencia realizada por el ministro Gabriel Katopodis sobre una “clara intención de recaudar más” por parte de la administración libertaria. La denuncia sugiere que el nuevo esquema podría ocultar la instalación de nuevos puntos de cobro y aumentos tarifarios que superen la capacidad de pago de los usuarios frecuentes y de las empresas de transporte que operan en la zona. La transparencia en la adjudicación se vuelve, por tanto, una demanda no solo política sino social.

Perspectivas para la seguridad vial en la región

La Etapa II del proyecto de privatización vial involucra casi 1.900 kilómetros de rutas, muchas de las cuales presentan necesidades urgentes de mantenimiento y ampliación. La ciudad de Luján, como punto de tránsito constante hacia el interior bonaerense, requiere de garantías sobre la continuidad de las obras proyectadas. La licitación bajo la Ley 17.520 contempla no solo la explotación y el cobro de peaje, sino también la obligación de realizar reparaciones, conservación y mantenimiento de los corredores.

Desde la provincia aseguran que Aubasa está en condiciones técnicas y financieras de asumir este desafío, compitiendo con las otras 10 ofertas que actualmente están en proceso de evaluación. El desenlace de esta puja determinará quién tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad en las rutas que conectan a Luján con los principales puertos y centros de consumo del país. La comunidad local permanece atenta a las resoluciones del Ministerio de Economía nacional, esperando que el proceso priorice la calidad del servicio y la razonabilidad de los costos por sobre las disputas políticas entre Nación y Provincia.