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El Gobierno Desregula Aranceles: Libertad Total de Precios para los Colegios Privados
El Poder Ejecutivo Nacional ha oficializado una histórica desregulación en colegios privados al derogar una norma que, desde 1993, regulaba estrictamente el sistema de aranceles de los institutos de educación pública de gestión privada.
Mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó la obligación que tenían los colegios privados de informar y obtener autorización previa del Estado para modificar sus cuotas y matrículas.
La decisión representa un quiebre en el esquema de control estatal vigente por más de treinta años, otorgando a los colegios privados libertad total para fijar sus precios según las condiciones del mercado. El Gobierno argumenta que el objetivo es generar un “entorno más propicio” para la gestión y viabilidad económica de las instituciones.
El Fin de la Regulación de 32 Años de colegios privados
La norma derogada es el Decreto 2417/1993, que durante décadas estableció la tutela estatal sobre los precios. El Ejecutivo justifica su eliminación señalando que el marco normativo anterior generaba “efectos contraproducentes” que afectaban el funcionamiento de los colegios privados.
Según los considerandos, la regulación imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país. La intervención estatal, argumenta el Gobierno, impulsaba un comportamiento defensivo de las instituciones, que tendían a fijar aranceles más altos por la incertidumbre regulatoria y el temor a no poder cubrir costos ante la inflación o demoras administrativas.
La medida también invoca principios económicos y legales más amplios, como el derecho de propiedad y la libertad de fijar condiciones de contratación. Con la desregulación, el Gobierno instruye al Ministerio de Capital Humano a revisar el marco vigente para garantizar la libre competencia y la sostenibilidad de todo el sector educativo privado, señalando que esta libertad finalmente beneficiará a las familias al terminar con la distorsión de precios que impulsaba aranceles más altos.
La Adecuación al Contexto Federal y la Tensión Económica
El Gobierno también fundamenta su decisión en la necesidad de adecuar las reglas a la actual estructura del sistema educativo. El decreto remarca que la norma de 1993 fue diseñada en un contexto normativo distinto, cuando la educación dependía directamente del Ejecutivo nacional.
Tras el traspaso de competencias educativas a las provincias, la Nación considera que corresponde revisar el marco normativo para favorecer “un entorno más propicio para la gestión” de los colegios privados a nivel jurisdiccional. Este giro implica que los institutos podrán fijar libremente sus aranceles sin necesidad de comunicación o autorización nacional, un cambio que impactará de lleno en las condiciones de contratación y de servicio para las familias.
En definitiva, la nueva normativa deja a los colegios privados en plena libertad de acción para la modificación de cuotas y matrículas, eliminando un histórico mecanismo de control de precios y apostando por la libre competencia como garante de la sostenibilidad del sector y la calidad educativa.
