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Régimen Penal Juvenil: las dudas que genera su implementación
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a aplicarse con la edad penal desde los 14 años, pero operadores judiciales advierten falta de recursos, protocolos y espacios.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil modificó las reglas bajo las cuales el Estado interviene ante delitos cometidos por adolescentes.
Desde ahora, los jóvenes de 14 y 15 años pueden quedar sometidos a un proceso penal, una diferencia sustancial respecto del esquema anterior.
Una reforma que cambia el sistema
La medida surge de la Ley 27.801, aprobada por el Congreso en febrero y puesta en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial. El nuevo régimen tiene alcance nacional y establece que la responsabilidad penal juvenil puede comenzar a partir de los 14 años.
Hasta ahora, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil intervenía respecto de jóvenes de entre 16 y 18 años. La incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años amplía el universo de personas que pueden ingresar al sistema y plantea un desafío para las estructuras encargadas de procesar y realizar el seguimiento de las causas.
La reforma también extiende el tipo de delitos que pueden generar actuaciones. Mientras anteriormente quedaban fuera los hechos con penas inferiores a dos años de prisión, el nuevo esquema permite que situaciones como hurtos, amenazas, lesiones o violaciones de domicilio puedan derivar en actuaciones judiciales cuando son cometidas por adolescentes de entre 14 y 18 años.
La detención, de todos modos, queda reservada para los casos más graves. Para las situaciones restantes existen medidas alternativas, aunque todos los casos comprendidos por el régimen requieren actuaciones, audiencias y controles.
Falta de recursos y espacios
El alcance de la reforma genera interrogantes sobre la capacidad del sistema para absorber una eventual mayor cantidad de causas. En particular, el Departamento Judicial Bahía Blanca aparece como uno de los lugares donde operadores judiciales expresaron preocupación por las condiciones existentes.
Según un relevamiento publicado por La Nueva, la implementación no estuvo acompañada por nuevos recursos humanos, partidas presupuestarias ni espacios físicos. Una fuente vinculada al sistema señaló que no se incorporaron nuevos elementos para afrontar la reforma.
La situación resulta especialmente delicada en materia de infraestructura. En Bahía Blanca funciona el Centro de Recepción ubicado en el predio del ex Instituto Vergara, con tres celdas y una capacidad total de seis personas. Sin embargo, una de las plazas se encuentra clausurada.
Las plazas disponibles, además, estaban ocupadas por jóvenes que habían sido trasladados desde otras jurisdicciones debido a la falta de espacio, de acuerdo con la información difundida por el medio bahiense.
El escenario plantea una cuestión concreta: la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el régimen podría aumentar la cantidad de intervenciones sin que las estructuras destinadas a atenderlas hayan crecido en la misma proporción.
Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, había anticipado que la cantidad de causas podría llegar a duplicarse. El impacto, por lo tanto, no se limita a la cantidad de expedientes, sino que involucra el trabajo de fiscales, defensores, jueces, equipos técnicos y organismos de seguimiento.
Policía, capacitación y cuestionamientos
La implementación también abrió interrogantes sobre la preparación de los organismos que deberán intervenir. La jueza Natalia Giombi sostuvo que las capacitaciones no fueron suficientes y planteó la necesidad de contar con un protocolo específico para el funcionamiento y la aplicación de la nueva normativa en la provincia.
Ante esa situación, fueron los propios operadores judiciales quienes impulsaron conversatorios, debates y talleres destinados a analizar los alcances de la ley.
La Policía también aparece dentro de las preocupaciones. Los efectivos deberán intervenir en determinadas situaciones vinculadas con adolescentes acusados de cometer delitos, pero, según la información proporcionada, no recibieron un protocolo específico para actuar bajo el nuevo régimen.
Una autoridad departamental citada por La Nueva señaló que, pese a tratarse de una reforma principalmente judicial, no habían recibido comunicaciones específicas desde las áreas vinculadas al fuero.
Otro punto pendiente está relacionado con la autoridad de aplicación prevista en el artículo 50 de la ley, que todavía no había sido designada por el Poder Ejecutivo al momento del relevamiento.
A la discusión sobre la implementación se suma un planteo judicial contra la propia normativa. La Justicia Federal de La Plata tiene pendiente de resolución una presentación de inconstitucionalidad realizada por defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El planteo fue acompañado por otras 13 defensorías provinciales y organismos de Derechos Humanos, que además solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley ante la falta de condiciones para ponerla en funcionamiento.
En sentido contrario, Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo régimen y defendió públicamente la reducción de la edad de imputabilidad. La senadora de La Libertad Avanza afirmó que “se terminó la impunidad” y sostuvo que quienes cometan delitos deberán responder por sus actos. Las condenas previstas contemplan un máximo de 15 años.
La discusión, de esta manera, comienza una nueva etapa. Mientras el Gobierno y sus sectores aliados reivindican el cambio como una herramienta para fortalecer la respuesta frente al delito, operadores judiciales y organismos de Derechos Humanos plantean interrogantes sobre su aplicación concreta.
El desafío inmediato será determinar cómo funcionará el nuevo sistema en la práctica y si las estructuras disponibles podrán responder a la ampliación de competencias establecida por la Ley 27.801.
