Ejes de la reforma laboral y el impacto en pymes, trabajadores y sindicatos

Un análisis de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y sostiene que el blanqueo del empleo es clave para reducir la informalidad, atraer inversiones y redefinir el vínculo entre empresas, trabajadores y sindicatos.

El debate por la reforma del sistema de empleo volvió al centro de la escena política y económica. En ese contexto, el abogado laboralista Julián de Diego aseguró que la Ley de Modificatoria laboral promovida por el Gobierno nacional apunta a “mejorar la situación de quienes están en la clandestinidad” y a “generar condiciones que fomenten las inversiones”, con especial impacto en las pequeñas y medianas empresas.

En declaraciones radiales, el especialista detalló los principales pilares del proyecto y explicó cómo la iniciativa busca reordenar el mercado de trabajo argentino, reducir la informalidad y brindar mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores.

El blanqueo como columna vertebral de la reforma laboral

Según De Diego, el eje central de la propuesta oficial es el blanqueo laboral, una problemática estructural que afecta a millones de personas. “Hay cerca de ocho millones de trabajadores en la clandestinidad. Si no se revierte ese proceso, todo el resto de la reforma se desmorona”, afirmó.

El letrado remarcó que la informalidad no solo perjudica a los trabajadores, que quedan sin derechos básicos, sino también al sistema previsional y a la economía en su conjunto, al limitar la recaudación y desalentar la inversión productiva.

Otro de los puntos destacados por el abogado es la necesidad de generar un entorno de confianza para el sector privado. En ese sentido, enumeró cuatro elementos clave: una reforma laboral clara, estabilidad macroeconómica con inflación cero, recuperación de la confianza y previsibilidad jurídica para las compañías.

Para De Diego, estos factores son determinantes para que las empresas, especialmente las pymes, se animen a invertir, contratar personal y formalizar relaciones laborales sin el temor permanente a litigios o cambios de reglas.

Pago en especies y salarios en divisas

En relación con uno de los aspectos más debatidos del proyecto, el abogado aclaró que la posibilidad de pagar parte del salario “en especies” no es una novedad. Recordó que esta modalidad ya está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo desde 1975, con un límite del 20% de la remuneración total.

“El objetivo es que el trabajador no se vea privado del dinero en efectivo, que es el de mayor disponibilidad”, explicó. Además, destacó que muchas empresas ya utilizan este sistema, especialmente aquellas que cuentan con centros de consumo propios.

La verdadera novedad, señaló, es la habilitación del pago en divisas, como dólares o euros, una opción pensada especialmente para empresas vinculadas a la economía del conocimiento y las nuevas tecnologías.

Juicios laborales y reducción de la litigiosidad

Uno de los reclamos históricos de las pymes es la alta judicialización del sistema laboral. En ese punto, De Diego sostuvo que la reforma busca “traer claridad en temas que estaban en debate”, como el cálculo de la indemnización por despido.

Explicó que, pese a que la ley establece que debe tomarse como base la mejor remuneración mensual, existían discusiones sobre la inclusión del aguinaldo o las vacaciones. La iniciativa incorpora alrededor de 40 artículos destinados a reducir estos conflictos y dar mayor certidumbre.

No obstante, aclaró que el problema judicial no se resuelve solo con la reforma, ya que también está vinculado al trabajo informal y a los riesgos laborales, donde intervienen fallos recientes de la Corte Suprema.

Beneficios para pymes y regularización del empleo informal

De Diego calificó la reforma como una “revolución” para las pymes en términos de costos laborales y formalización. Entre los puntos más relevantes, destacó el perdón de las deudas pasadas para las empresas que regularicen trabajadores no registrados.

“Una panadería que tuvo empleados en negro durante diez años podrá blanquearlos sin pagar las deudas acumuladas”, ejemplificó. Para los trabajadores, se reconocerá la antigüedad con fines jubilatorios, con un plazo de entre 24 y 40 meses.

Además, el ingreso a la economía formal será gradual y con bajo costo inicial, comenzando con una contribución patronal del 5%, con la expectativa de ampliar la base de aportantes.

El rol de los sindicatos

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la posibilidad de que el empleador deje de ser agente de retención de las cuotas sindicales. Según De Diego, este cambio “va a producir mucho ruido”, ya que impacta directamente en la recaudación de los gremios.

Con la nueva norma, el empleador podrá optar por no retener esos aportes sin que ello constituya una infracción. “Se cae la recaudación automática de los sindicatos, que deberán salir a cobrar directamente, como cualquier organización”, explicó.

Finalmente, el abogado vinculó este cambio con la convocatoria a medidas de fuerza y remarcó que se trata de una transformación profunda en la relación entre sindicatos, empresas y trabajadores, con efectos de largo alcance en el sistema laboral argentino.

Con información de El Diario de Luján