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Paritarias bonaerenses: qué reclaman los gremios tras el acuerdo de Kicillof
La negociación salarial en las paritarias bonaerenses sumó un nuevo capítulo con una propuesta para los trabajadores estatales, pero continúan las diferencias por los ingresos, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo.
La discusión salarial en la provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa decisiva para el gobierno de Axel Kicillof y las organizaciones que representan a los empleados públicos. Aunque una parte de los sindicatos aceptó la última propuesta oficial, distintos reclamos continúan pendientes y mantienen abierta la posibilidad de nuevas negociaciones durante los próximos meses.
El entendimiento alcanzado con la mayoría de los gremios de la administración central representa un avance para el Ejecutivo, que buscaba retomar el diálogo después de varias semanas de demandas sindicales. Sin embargo, la discusión excede los porcentajes ofrecidos: las organizaciones también exigen respuestas sobre la estabilidad laboral, las recategorizaciones, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de distintas áreas del Estado.
En ese contexto, la negociación volvió a poner de manifiesto las diferencias entre las posibilidades financieras que plantea la Provincia y las demandas de los trabajadores. La respuesta de los sindicatos docentes, la posición definitiva de los gremios que todavía analizaban el ofrecimiento y los reclamos de otros sectores serán claves para determinar cómo evoluciona el conflicto.
Un acuerdo salarial que no cerró todas las discusiones
La propuesta del Gobierno bonaerense contempla un aumento del 6% para los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, con dos incrementos del 3% para octubre y noviembre, calculados sobre los haberes de septiembre.
UPCN y FEGEPPBA aceptaron el ofrecimiento, mientras que ATE y los sindicatos docentes todavía analizaban la propuesta al momento de difundirse la información original. La administración provincial también se comprometió a reabrir la negociación en diciembre de 2026, lo que permitirá retomar el diálogo sobre los salarios.
El ofrecimiento llegó después de una reunión anterior, realizada a fines de septiembre, en la que el Ejecutivo no había presentado una propuesta concreta. Durante ese mes, los trabajadores estatales no recibieron un nuevo incremento salarial.
El antecedente inmediato era el acuerdo que había establecido una suba del 7%, dividida en un 5% para julio y un 2% para agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio. La falta de una actualización en septiembre aumentó la expectativa de los gremios por una nueva convocatoria.
La oferta actual también incluye el compromiso de actualizar los topes de las asignaciones familiares, aunque los montos correspondientes no habían sido precisados. Además, se prevé continuar con las mesas técnicas destinadas a discutir asuntos específicos de la administración pública.
Desde UPCN, el secretario gremial Juan Pablo Martín Oyarzabal sostuvo que la propuesta podía mejorarse, aunque consideró que representaba un avance. El dirigente también advirtió que la reapertura prevista para diciembre no supone necesariamente que vaya a concretarse otro aumento.
Esta diferencia resulta importante para interpretar el alcance del entendimiento: la negociación permitió acordar una pauta salarial para dos meses, pero dejó para una instancia posterior la discusión sobre la continuidad de la recomposición de los ingresos.
ATE y los docentes mantienen reclamos abiertos
La situación de ATE constituye uno de los puntos que todavía debían definirse. El sindicato, encabezado en la provincia por Claudio Arévalo, había solicitado una convocatoria urgente a la mesa salarial y llevó la oferta oficial a consideración de su Consejo Directivo.
Más allá de la discusión por los ingresos, la organización reclama medidas relacionadas con la carrera laboral y la estabilidad de los empleados públicos. Entre sus principales demandas figuran los pases a planta permanente y las recategorizaciones, además de la necesidad de garantizar recursos presupuestarios para avanzar con los trámites pendientes.
En ese sentido, ATE pidió que el Presupuesto bonaerense 2027 contemple las partidas necesarias para atender esas demandas. El sindicato sostiene que todavía existen trabajadores que esperan una regularización de su situación laboral, pese a los compromisos asumidos anteriormente por la administración provincial.
El conflicto educativo presenta características propias. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, recibió una propuesta salarial en una reunión virtual con funcionarios de Economía y Trabajo y debía evaluar su respuesta.
Los reclamos del sector no se limitan a los salarios. Las organizaciones docentes también exigen respuestas por la situación de IOMA, las licencias médicas, los episodios de violencia escolar y las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.
A estas demandas se suma el pedido de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del Gobierno nacional. Se trata de una discusión que involucra a las autoridades provinciales y nacionales, por lo que su resolución no depende exclusivamente de la negociación salarial bonaerense.
Las protestas registradas durante las últimas semanas reflejan el nivel de tensión existente. Distintos sindicatos participaron de jornadas de movilización y actividades de reclamo mientras se desarrollaban las conversaciones con las autoridades.
La definición docente será relevante para conocer si el Gobierno consigue ampliar el alcance del entendimiento o si persisten diferencias que obliguen a mantener abiertas nuevas instancias de negociación.
La presión también alcanza a judiciales y municipales
Los reclamos salariales y laborales se extienden a otros sectores del empleo público provincial. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que mantiene una negociación independiente, solicitó la reapertura de su paritaria para discutir la evolución de los ingresos de sus representados.
Por su parte, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), conducida por Hernán Doval, reclama que se convoque al Consejo del Empleo Municipal, contemplado en la Ley 14.656.
La organización cuestiona los bajos salarios de los trabajadores municipales y exige una intervención que permita avanzar en la discusión de sus condiciones laborales. En ese marco, la federación llevó adelante medidas de protesta en Cañuelas y Tigre.
Mientras tanto, el Gobierno bonaerense sostiene que atraviesa una situación económica y financiera compleja. En su explicación oficial, la administración vinculó las restricciones presupuestarias con la caída de la recaudación y la reducción de los recursos enviados por la Nación, especialmente las transferencias no automáticas.
Ese diagnóstico constituye uno de los principales argumentos del Ejecutivo para explicar las limitaciones de sus propuestas. Los sindicatos, en cambio, insisten en la necesidad de mejorar los ingresos y dar respuestas concretas a los problemas que afectan a los trabajadores.
La negociación también deberá contemplar la continuidad de las mesas técnicas sobre carrera administrativa, mantenimiento, Lotería y el nuevo convenio colectivo de trabajo, entre otros asuntos vinculados con el funcionamiento de la administración pública.
Con el acuerdo alcanzado por la mayoría de los gremios estatales, la Provincia consiguió encauzar una parte de la discusión salarial. Sin embargo, las definiciones pendientes de otros sectores y los reclamos que exceden los aumentos mantendrán la negociación en el centro de la agenda bonaerense. La reapertura prevista para diciembre será una nueva oportunidad para evaluar la situación de los ingresos y determinar si las partes consiguen avanzar sobre los temas que todavía permanecen sin resolver.
