PAMI: médicos bonaerenses exigen una respuesta urgente del Gobierno

El Colegio de Médicos bonaerense denunció deudas, aranceles atrasados y dificultades en la cobertura del PAMI, y reclamó medidas para proteger a los jubilados y garantizar la atención.

Las dificultades para sostener la atención médica de los adultos mayores abrieron una nueva discusión sobre el financiamiento de uno de los principales sistemas de cobertura sanitaria del país. Detrás de los reclamos económicos de médicos, clínicas y sanatorios, crece la preocupación por las consecuencias que la falta de respuestas puede tener sobre quienes dependen de esas prestaciones.

El conflicto volvió a quedar expuesto a partir de un pronunciamiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que reclamó medidas inmediatas al Gobierno nacional y cuestionó el deterioro de la red de atención vinculada al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La institución advirtió que las dificultades financieras no afectan solamente a los prestadores, sino también a los afiliados y al funcionamiento de los hospitales públicos.

La entidad pidió que las autoridades nacionales intervengan para recomponer las condiciones de funcionamiento del sistema y evitar que los problemas económicos deriven en nuevas restricciones para acceder a consultas, tratamientos, medicamentos y cirugías.

Un conflicto que afecta a toda la red sanitaria

El Colegio de Médicos sostuvo que la situación del PAMI debe abordarse desde una perspectiva sanitaria y no limitarse a una discusión sobre gastos, contratos o administración presupuestaria. Su preocupación central es que el deterioro de las condiciones de prestación termine reduciendo las posibilidades de atención de los jubilados y pensionados.

De acuerdo con el comunicado, la interrupción de convenios y las dificultades de algunos sanatorios para continuar atendiendo en las condiciones económicas establecidas pueden provocar que una parte de los pacientes deba recurrir al sistema público.

Ese desplazamiento genera un problema adicional para hospitales provinciales y municipales, que deben responder a las necesidades de una población más amplia con recursos que ya se encuentran sometidos a una fuerte exigencia asistencial.

“La interrupción de convenios y la negativa de atención en sanatorios no hace desaparecer la enfermedad”, señaló la entidad al advertir sobre las consecuencias de las restricciones en la red prestacional.

El planteo pone en discusión la capacidad de coordinación entre los distintos sectores que participan del sistema sanitario. Cuando una institución deja de brindar una prestación, los pacientes necesitan encontrar otra alternativa para recibir atención. Si esa transición no está garantizada, pueden producirse demoras, dificultades para continuar tratamientos y una mayor presión sobre los servicios de urgencia.

El Colegio calificó el proceso denunciado como una “política deliberada de asfixia programada sobre la red prestacional”. Con esa expresión, cuestionó las decisiones que, según su evaluación, están deteriorando las condiciones necesarias para sostener la cobertura de los afiliados.

La deuda con los médicos y las instituciones

El reclamo también apunta a las condiciones económicas en las que trabajan los profesionales y las entidades que brindan servicios al PAMI. La organización bonaerense denunció retrasos y congelamientos en los aranceles, las cápitas y los módulos quirúrgicos, además de deudas acumuladas con médicos e instituciones.

Estos mecanismos de pago son fundamentales para organizar la prestación de servicios. Las cápitas se vinculan con una población de afiliados, mientras que los módulos quirúrgicos establecen valores para determinadas prestaciones. Si los montos no acompañan los costos operativos, los prestadores pueden encontrar dificultades para mantener la actividad.

El Colegio advirtió que ese escenario compromete la continuidad de las prestaciones y deteriora las condiciones laborales de los profesionales. La situación adquiere una dimensión adicional cuando los equipos de salud deben atender una demanda creciente sin disponer de los recursos necesarios para desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas.

“Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal”, enfatizó la entidad.

La declaración refleja el malestar del sector frente a una situación que, según denunció, combina dificultades financieras, sobrecarga asistencial y riesgos para el ejercicio profesional. El Colegio también alertó sobre los dilemas éticos y las responsabilidades legales que pueden afrontar los médicos cuando deben atender a pacientes en contextos de escasez de insumos básicos.

En ese sentido, el reclamo no se limita a mejorar los ingresos del sector. También busca preservar las condiciones materiales que permiten ofrecer una atención segura y sostener la actividad de las instituciones que integran la red sanitaria.

El pedido de una mesa de diálogo resolutiva

El pronunciamiento dedicó especial atención a las consecuencias que la crisis puede tener sobre los adultos mayores. Las personas que requieren controles frecuentes, tratamientos prolongados o intervenciones programadas pueden quedar particularmente expuestas cuando se interrumpen prestaciones o aparecen obstáculos para acceder a los servicios.

Por eso, el Colegio recordó que la salud es un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y rechazó que sea considerada una carga presupuestaria prescindible.

Ante la falta de respuestas que denunció, la entidad reclamó la apertura de una mesa de diálogo resolutiva con participación del Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y las organizaciones prestadoras.

Entre las medidas solicitadas figuran la recomposición inmediata de los aranceles y las cápitas según los costos operativos reales, la cancelación de las deudas acumuladas y la adopción de garantías que permitan asegurar la continuidad y la calidad de la atención.

El Colegio también cuestionó el bloqueo de los canales de diálogo con las autoridades sanitarias y reclamó que el conflicto sea tratado como una cuestión de salud pública. Desde su perspectiva, las decisiones económicas deben contemplar el efecto que tienen sobre los pacientes y sobre la capacidad de respuesta de los establecimientos sanitarios.

El desenlace dependerá de las medidas que adopten las autoridades y de la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan sostener las prestaciones. Mientras tanto, la entidad bonaerense insistió en que no puede haber una solución duradera si los afiliados quedan expuestos a interrupciones en la atención y los profesionales deben trabajar bajo condiciones cada vez más difíciles.

“Defender al PAMI, a sus prestadores y a los profesionales médicos es defender la vida de nuestros mayores y el derecho inalienable del pueblo a una atención digna y oportuna”, concluyó el Colegio.