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Plataformas y reforma laboral: autonomía, seguros y aportes en el nuevo esquema
El proyecto de reforma laboral avanza sobre el trabajo en plataformas, define autonomía, seguros y aportes obligatorios, y abre debate político sobre ingresos, transparencia y protección social de repartidores y conductores.
El avance de la economía digital transformó el mercado laboral en Argentina, con miles de personas que hoy dependen de ingresos generados mediante plataformas de reparto y movilidad. En este contexto, la reforma laboral con media sanción busca ordenar el funcionamiento del sector mediante reglas claras que reconozcan derechos sin modificar el carácter independiente del vínculo.
El proyecto surge como respuesta a la expansión de estas modalidades laborales, que crecieron con fuerza tras la pandemia y consolidaron nuevas formas de empleo flexible. La iniciativa propone un equilibrio entre autonomía operativa y protección mínima para quienes trabajan con aplicaciones.
Autonomía operativa dentro de las plataformas
El texto reconoce explícitamente la independencia de los prestadores. Entre los derechos establecidos, se destaca la posibilidad de conectarse a múltiples plataformas, elegir horarios y decidir el nivel de actividad sin exigencias de permanencia mínima.
También se ratifica la libertad para aceptar o rechazar pedidos sin sanciones automáticas. Esta disposición apunta a preservar la lógica de flexibilidad que caracteriza al sector y que muchos trabajadores valoran como principal ventaja frente al empleo tradicional.
Asimismo, los prestadores podrán definir recorridos y zonas de trabajo dentro de la cobertura de cada plataforma, utilizando rutas sugeridas por la aplicación o sistemas alternativos de navegación, siempre que no afecten la calidad del servicio.
Plataformas: transparencia y responsabilidad
En paralelo, el proyecto introduce obligaciones específicas para las plataformas tecnológicas. Entre ellas, brindar información clara sobre los criterios de asignación de servicios, ofrecer canales digitales de atención y explicar eventuales suspensiones o restricciones de cuentas.
La normativa también obliga a implementar mecanismos de reporte de quejas accesibles y permanentes, con procedimientos eficaces de respuesta. Este punto busca mejorar la confianza de usuarios y trabajadores en un ecosistema donde las decisiones automatizadas suelen generar conflictos.
En materia formativa, se establece que las empresas deberán financiar capacitaciones gratuitas, incluyendo contenidos sobre uso de la infraestructura digital, atención al cliente y seguridad vial. Esta formación inicial será obligatoria para quienes se incorporen al sistema.
Aportes, cobertura y protección social
Uno de los cambios más relevantes es la formalización de obligaciones previsionales. Los trabajadores deberán registrarse fiscalmente y realizar aportes que les permitan acceder a beneficios básicos como jubilación, pensiones y cobertura de salud.
El proyecto también establece la obligatoriedad de seguros de accidentes personales. Las pólizas deberán cubrir fallecimiento accidental, incapacidad permanente y gastos médicos derivados de la actividad, un reclamo histórico del sector ante el aumento de siniestros viales.
El costo del seguro podrá distribuirse entre prestadores y plataformas mediante acuerdos privados, manteniendo el principio de que esta cobertura no implica relación laboral.
Ingresos y desigualdades en debate
Pese al avance regulatorio, el nivel de ingresos sigue siendo uno de los temas más sensibles. Estudios recientes muestran que el poder adquisitivo de los trabajadores varía considerablemente entre plataformas y ciudades, generando brechas dentro del propio sector.
El indicador APP, elaborado por la Fundación Encuentro, reflejó que hacia fines de 2025 un repartidor promedio debía completar cientos de pedidos mensuales para alcanzar el costo de la canasta básica. Si bien el dato muestra cierta mejora respecto a años anteriores, también evidencia la fragilidad económica del esquema.
Lo que viene en el Congreso
La reforma aún debe atravesar su debate final en Diputados, donde distintos bloques anticipan posturas divergentes. Mientras algunos sectores destacan que el proyecto brinda previsibilidad jurídica, otros cuestionan que no reconoce vínculo laboral y deja zonas grises en materia de protección social.
El resultado de esa discusión será clave para definir el futuro del trabajo en plataformas en Argentina. Lo que está en juego no es solo una regulación sectorial, sino el modelo de inserción laboral en una economía cada vez más mediada por tecnología.
