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Exigen incluir partida presupuestaria para analizar agrotóxicos y arsénico en el agua
La comunidad educativa de Luján presentó un requerimiento formal al Consejo Escolar para que el Presupuesto 2026 incorpore fondos para un estudio integral del agua en escuelas rurales y periurbanas, que incluya agrotóxicos y metales pesados.
La preocupación por la calidad del agua en escuelas de Luján ha escalado a un reclamo formal ante las autoridades locales.
La Lucha por el Agua en Escuelas Rurales y Periurbanas
Las comunidades educativas del distrito, en el marco de la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE), han exigido que se incorpore una partida específica en el Presupuesto 2026 destinada a financiar un estudio exhaustivo del recurso hídrico en todos los establecimientos educativos rurales y periurbanos.
La demanda se realiza “desde hace varios años” y adquirió un peso significativo tras la publicación de estudios que evidenciaron que en otras instituciones educativas de la provincia el agua “no era apta por presencia de agrotóxicos y arsénico elevado”.
El reclamo de las familias y docentes apunta a que los análisis de potabilidad que realiza actualmente el Consejo Escolar resultan “insuficientes e incompletos” dado que se centran en parámetros habituales, pero no evalúan tres contaminantes críticos para la salud:
Agrotóxicos de uso actual.
Arsénico.
Metales pesados.
Mapeo Colectivo Confirma el Riesgo de Fumigación
La necesidad de un análisis integral del agua se respalda en el riesgo de exposición ambiental ya documentado en Luján. Vecinos, el Equipo de Extensión sobre Conflictos Socio-ambientales para la Transformación Social (EECSA-UNLu) y la Multisectorial contra el Agronegocio La 41, realizaron previamente un Mapeo Colectivo de Escuelas Públicas Fumigadas.
Ese relevamiento, presentado en septiembre de 2024, analizó 85 instituciones públicas y confirmó que, incluso con cálculos conservadores, aproximadamente un tercio de los establecimientos educativos del distrito es fumigado con agrotóxicos en distintos momentos del año. El informe señaló que más de un tercio puede ser considerado fumigado vía pulverización terrestre, tomando como referencia un radio de 3.000 metros de aplicación de químicos. Además, advirtió que varias escuelas, incluso dentro del ejido urbano, presentan “riesgos muy elevados por la exposición a varias fuentes de contaminación”.
El Derecho al Agua Segura y la Responsabilidad del Estado
La nota presentada al Consejo Escolar y a la Comisión de Fondos Presupuestarios de Salud y Seguridad subraya que la situación actual contraviene los marcos legales nacionales e internacionales. El documento cita el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a garantizar el acceso a agua potable, “teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”.
Asimismo, el reclamo se apoya en un acuerdo paritario firmado por CTERA, que exige al Estado (en sus niveles nacional, provincial y municipal) asegurar agua potable y segura en todos los establecimientos educativos. La falta de respuesta de la Autoridad del Agua (ADA) ante reclamos previos agrava la preocupación de la comunidad.
Las comunidades educativas concluyen el documento responsabilizando directamente a los gobiernos nacional, provincial y municipal, así como a los poderes legislativo y judicial, por el efectivo cumplimiento de este derecho básico. Por ello, la exigencia de incorporar el requerimiento en el Presupuesto 2026 es vista como una medida no solo necesaria, sino de estricta justicia social y sanitaria para estudiantes, docentes y personal escolar.
