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Ejercicio ilegal de odontología: los controles que realizan en la Provincia
El ejercicio ilegal de odontología genera preocupación en Buenos Aires y el Colegio profesional intensificó investigaciones, fiscalizaciones y denuncias ante situaciones detectadas.
El ejercicio ilegal de la odontología volvió a quedar bajo la lupa en la Provincia de Buenos Aires a partir del fortalecimiento de los controles impulsados por el Colegio de Odontólogos bonaerense.
Cómo se detectan los casos
La institución informó que se profundizaron las tareas de detección, fiscalización y denuncia de personas que realizan prácticas odontológicas sin contar con los requisitos necesarios para ejercer la profesión.
El procedimiento comienza, en muchos casos, con una denuncia o una alerta. A partir de esa información se pone en marcha una etapa de investigación que puede incluir controles en territorio. Los inspectores de los distintos distritos intervienen para determinar si las actividades denunciadas efectivamente se desarrollan fuera del marco establecido.
El Consejo Superior coordina la estrategia junto con los diez distritos del Colegio. De esta manera, las denuncias pueden ser analizadas y documentadas antes de avanzar hacia las instancias administrativas o judiciales que correspondan.
La institución busca especialmente detectar situaciones en las que personas sin título habilitante o sin matrícula realizan prácticas propias de la odontología, incluso cuando utilizan denominaciones profesionales diferentes para presentarse ante los pacientes.
Odontología bajo fiscalización
Algunos procedimientos recientes muestran las distintas situaciones que pueden quedar bajo investigación.
Durante marzo, en Lanús Este, el Distrito II del Colegio realizó una fiscalización en un consultorio ubicado sobre la calle Madariaga. En el lugar se constató que una persona ejercía la odontología sin matrícula profesional ni habilitación.
La intervención terminó con la clausura del establecimiento y una posterior denuncia penal ante la Fiscalía competente.
También durante marzo se llevó adelante una investigación en Almirante Brown, iniciada a partir de denuncias realizadas por odontólogos. En ese caso, los inspectores detectaron a una persona que se presentaba como protesista dental y atendía pacientes para tomar impresiones y confeccionar prótesis.
La investigación de campo y la constatación de pruebas permitieron avanzar con actuaciones administrativas y una denuncia penal. El Colegio consideró que las prácticas detectadas excedían las actividades permitidas para un técnico o protesista dental.
Otro caso se registró en Villa Domínico. Allí fue detectado un supuesto protesista dental que atendía pacientes dentro de un club y realizaba prácticas que corresponden al ejercicio de la odontología.
El procedimiento tuvo una particularidad: las actividades se desarrollaban bajo la denominación de una “Campaña Solidaria”. Sin embargo, la fiscalización permitió constatar que en ese lugar se realizaban prácticas odontológicas fuera del marco legal.
El establecimiento fue clausurado y el Colegio presentó una denuncia penal.
Estos casos se suman a un operativo efectuado en Ingeniero Budge durante mayo de 2025. En aquella oportunidad, la institución trabajó junto con autoridades municipales y policiales y se concretaron cinco clausuras de establecimientos donde se realizaban atenciones odontológicas sin cumplir con la normativa vigente.
El riesgo para los pacientes
Para el Colegio de Odontólogos, el problema no termina en el incumplimiento de las normas que regulan la actividad. La institución advierte que también existe una dimensión vinculada directamente con la salud pública.
La preocupación se relaciona con la posibilidad de que pacientes reciban tratamientos de personas que no poseen la formación profesional, la habilitación ni la matrícula correspondientes.
En paralelo, la entidad señaló que existen ofertas de supuestos tratamientos a bajo costo que circulan a través de redes sociales y publicidad informal. Algunas de esas propuestas pueden ser realizadas por personas que se presentan como odontólogos sin contar con la habilitación necesaria.
Ante este escenario, el Colegio recomendó a la población verificar la matrícula del profesional antes de comenzar cualquier tratamiento. La medida permite comprobar que la persona encargada de la atención se encuentra habilitada para ejercer la profesión.
También pidió que pacientes y profesionales informen cualquier sospecha mediante los canales oficiales de la institución. Las denuncias aportadas por la comunidad pueden convertirse en el punto de partida de nuevas investigaciones y controles.
El esquema diseñado por el Colegio combina así tres etapas: recepción de información, fiscalización y eventual intervención administrativa o judicial. A esto se suma la articulación con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que contempla un protocolo para presentar denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y acciones de capacitación.
Con los controles reforzados y la participación de los distintos distritos, la institución busca ampliar la capacidad de detectar situaciones irregulares. El desafío será sostener ese trabajo y lograr que las alertas lleguen a tiempo para evitar que prácticas no habilitadas continúen afectando a pacientes en distintos puntos de la Provincia.
