Universidades lanzan un Paro Docente Nacional de 72 Horas por Salarios y Financiamiento

Las federaciones de sindicatos de profesores universitarios, Conadu y Conadu Histórica, anunciaron un paro docente nacional de 72 horas a llevarse a cabo la próxima semana en todas las universidades nacionales del país.

La medida de fuerza, que busca presionar al Gobierno nacional, se fundamenta en el urgente reclamo por la reapertura de las negociaciones salariales y la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El paro docente está programado para iniciar el miércoles 12 y extenderse hasta el viernes 14 de noviembre de 2025. Los gremios advirtieron, además, que la falta de respuestas gubernamentales podría llevar a una drástica decisión: afectar el inicio del ciclo lectivo 2026.

Deterioro Salarial y Parálisis Paritaria

La decisión de realizar un paro docente federal surge como respuesta directa al sostenido deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los profesores y del personal no docente. Desde diciembre de 2023, la situación económica de los trabajadores universitarios se ha agravado en un contexto de parálisis total de las conversaciones salariales con el Poder Ejecutivo.

• Conadu, la federación con mayor número de afiliados, definió la convocatoria al paro docente tras un plenario de secretarios generales y una consulta nacional que reflejó un amplio consenso en la comunidad sobre la necesidad de una medida de fuerza de alcance federal. Su comunicado fue claro: se judicializará, en conjunto con el Frente Sindical Universitario, el reclamo por la urgente apertura de paritarias.
• Conadu Histórica, la otra gran federación, ya había votado la huelga el 30 de octubre, ratificando la profundización del plan de acción “en defensa de la universidad pública y de los salarios”. Ambas entidades remarcan que la ausencia de una respuesta oficial los obliga a la medida.

 Paro Docente por la Ley de Financiamiento Universitario

Un punto central de la protesta es el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Esta legislación había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, pero fue objeto de una intensa disputa con el Gobierno.

Aunque el veto presidencial inicial fue rechazado en el Congreso —al no obtener los dos tercios necesarios para sostener la objeción—, el Poder Ejecutivo se las ingenió para promulgar la norma de forma parcial, suspendiendo su ejecución de facto. El argumento esgrimido por el Gobierno es que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento.

Ante esta maniobra, que los gremios y el Consejo Superior de la UBA consideran una alteración del sistema republicano de frenos y contrapesos, la ley fue judicializada. La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un recurso, sosteniendo que el decreto presidencial que “promulga formalmente, pero suspende materialmente” la ley quiebra la voluntad soberana del Congreso.

El Frente Gremial en Alerta, con Posiciones Diversas

Si bien Conadu y Conadu Histórica definieron un paro docente masivo, la postura no es totalmente homogénea dentro del Frente Sindical Universitario (que agrupa a todos los gremios del sector).

• FAGDUT (UTN): La Federación que interviene en la Universidad Tecnológica Nacional declaró el “estado de alerta” y, con una posición más expectante tras las últimas elecciones, su secretario general, Ricardo Mozzi, anunció que presentarán una carta documento al Poder Ejecutivo exigiendo la apertura urgente de paritarias en un plazo de 48 horas. Su plan de acción incluye clases públicas o jornadas de visibilización, y reportaron un crecimiento en las afiliaciones de docentes que buscan “protegerse frente a esta vil coyuntura”.
• FATUN, FEDUN y UDA: Otros actores gremiales clave, como FATUN y FEDUN, aún no se pronunciaron públicamente sobre la adhesión a las medidas de fuerza. Por su parte, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), alineada a la CGT, ha optado por explorar la vía de la negociación directa con el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita la definición del presupuesto universitario.

La conflictividad universitaria, latente durante todo 2025 con múltiples movilizaciones, entra así en una fase de máxima tensión con la convocatoria a este paro docente de 72 horas, planteando un desafío directo a la política de ajuste del Gobierno en materia educativa.