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Detectan 178 mil fallecidos con certificados de discapacidad activos
Una auditoría integral reveló graves irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad: miles de Certificados Únicos figuran vigentes pese al fallecimiento de sus titulares y evalúan acciones judiciales.
Una auditoría integral en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó una irregularidad de enorme impacto institucional y presupuestario: 178 mil personas fallecidas figuran aún como titulares activos del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El hallazgo, surgido tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), encendió alertas en el Gobierno nacional, que ya analiza avanzar con denuncias judiciales.
La situación fue detectada en el marco del proceso de reordenamiento del organismo, intervenido tras el escándalo que derivó en la salida de su extitular, Diego Spagnuolo, luego de la difusión de audios en los que se lo escucha hablar de un presunto circuito de cobro de coimas dentro de la agencia.
Discapacidad bajo la lupa
El descubrimiento se produjo durante un cruce sistemático de bases de datos entre ANDIS y el RENAPER, que permitió identificar que 178 mil CUD seguían activos pese a que sus titulares habían fallecido. La irregularidad no solo expone fallas graves en los sistemas de control, sino que abre interrogantes sobre el cobro indebido de beneficios asociados.
Fuentes oficiales confirmaron que, a partir de esta detección, se avanzó de manera inmediata con la baja administrativa de los certificados observados y se evalúa el alcance económico del perjuicio al Estado. En paralelo, se analizan posibles responsabilidades tanto de beneficiarios indirectos como de prestadores que habrían facturado servicios inexistentes.
El rol del interventor
El actual interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud Mario Lugones, fue quien ordenó el cruce de datos y habilitó las bajas automáticas. Según trascendió, el próximo paso será cotejar los registros de personas fallecidas con los prestadores que declararon haber brindado servicios a esos supuestos beneficiarios.
Desde el entorno del interventor indicaron que este procedimiento forma parte de una auditoría más amplia, que apunta a transparentar el funcionamiento de la agencia y corregir inconsistencias estructurales acumuladas durante años.
Qué es el CUD y por qué es clave
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona en todo el territorio nacional. Su posesión habilita el acceso a múltiples derechos y beneficios, como prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y cobertura integral de tratamientos.
El CUD se otorga tras la evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene un vencimiento fijo, aunque requiere actualizaciones periódicas. Actualmente, esos plazos se encuentran prorrogados, una situación que también quedó bajo revisión en el marco de la auditoría.
Un organismo atravesado por denuncias
El hallazgo se suma a una serie de irregularidades que llevaron al Poder Ejecutivo a ordenar, el pasado 28 de agosto, una auditoría integral de la ANDIS. La medida incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos, luego de que Spagnuolo denunciara públicamente presuntos pedidos de coimas que involucraban a altos funcionarios.
Si bien el exfuncionario presentó recientemente un informe pericial ante la Justicia en el que sostiene que los audios difundidos fueron manipulados mediante inteligencia artificial, la auditoría continuó su curso y comenzó a exponer problemas de fondo en la gestión del organismo.
Investigaciones en curso
Desde el Gobierno confirmaron que los resultados finales de la auditoría aún no están cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026. No se descarta que, a partir de estos datos, se impulsen acciones judiciales para determinar responsabilidades penales y administrativas.
El caso reaviva el debate sobre los mecanismos de control del Estado y la necesidad de garantizar que las políticas vinculadas a la discapacidad lleguen efectivamente a quienes las necesitan, evitando abusos que terminan afectando la credibilidad del sistema y los recursos públicos.
