Celulares en las escuelas: qué cambia con el proyecto bonaerense

El Senado bonaerense aprobó una iniciativa para regular los celulares en las escuelas secundarias y avanzó con proyectos sobre educación emocional y prevención de la violencia digital.

El uso de teléfonos celulares durante las clases volvió al centro del debate educativo en la provincia de Buenos Aires. El Senado bonaerense avanzó con una iniciativa que busca limitar la utilización de estos dispositivos en las escuelas secundarias, con excepciones para las actividades pedagógicas autorizadas por los docentes.

La discusión se produjo durante una sesión en la que también se aprobó la denominada Ley Ema, destinada a prevenir la violencia sexual digital en el ámbito educativo, y se avanzó con una propuesta para incorporar la educación emocional en todos los niveles.

Las iniciativas abordan distintos aspectos de la convivencia escolar y la relación de los estudiantes con la tecnología.

Celulares en las escuelas secundarias

El proyecto establece que los estudiantes de establecimientos secundarios, tanto de gestión estatal como privada, no podrán utilizar sus teléfonos durante las clases, salvo que exista un pedido o una autorización expresa del docente para desarrollar una actividad con fines pedagógicos.

La finalidad es promover un uso responsable de la tecnología dentro del aula y establecer condiciones para que los dispositivos no interfieran con las actividades de enseñanza.

La propuesta toma como referencia la Ley 15.534, que regula el uso de dispositivos tecnológicos en las escuelas primarias bonaerenses. De esta manera, el debate sobre los celulares se extiende a otro nivel del sistema educativo provincial.

El texto contempla una instancia posterior de implementación. Una vez promulgada la norma, la Dirección General de Cultura y Educación deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para orientar su cumplimiento. Además, se invita a los municipios bonaerenses a adherir a la regulación cuando entre en vigencia.

Estos pasos serán importantes para precisar cómo se aplicará la medida en las instituciones y qué procedimientos deberán seguir los equipos directivos y docentes ante situaciones en las que se incumplan las reglas.

La postura de los colegios privados

La iniciativa recibió observaciones de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de todo el país.

Desde la organización plantearon que cada establecimiento debería tener autonomía para decidir si prohíbe el uso de celulares o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, señaló que el aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Según su evaluación, una prohibición sin consecuencias claras ante los incumplimientos puede debilitar la autoridad institucional.

La entidad también advirtió sobre las dificultades que pueden aparecer cuando una escuela decide retener transitoriamente un teléfono. Esa medida puede generar cuestionamientos de las familias y conflictos si no existen procedimientos expresamente contemplados por la normativa.

Por ese motivo, AIEPA considera necesario que las reglas definan las actuaciones permitidas y las consecuencias de los incumplimientos, con garantías para estudiantes, docentes y directivos.

Zurita recordó además que las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites, pero subrayó que los celulares llegan a las instituciones desde el entorno familiar. En consecuencia, sostuvo que la responsabilidad de los adultos también debe formar parte de la discusión.

La asociación planteó, finalmente, que el impacto de las redes sociales sobre niños, adolescentes y adultos requiere un debate social más amplio, que no puede quedar limitado a las decisiones que se toman dentro de las escuelas.

Violencia digital y educación emocional

La regulación de los celulares no fue el único asunto educativo tratado por el Senado. Durante la misma sesión, la Cámara alta aprobó la denominada Ley Ema, una iniciativa que busca prevenir la violencia sexual digital y brindar herramientas de acompañamiento a las instituciones educativas.

El proyecto surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente que se quitó la vida en agosto de 2024 luego de la difusión y viralización de imágenes íntimas sin consentimiento.

La propuesta plantea crear un programa provincial para fortalecer el derecho a una educación digital libre de violencias, promover acciones preventivas y establecer mecanismos de acompañamiento ante situaciones de violencia sexual y de género en entornos digitales.

El texto llegó desde Diputados y obtuvo despacho por unanimidad en la comisión conjunta de Educación y Legislación General del Senado, con modificaciones. Tras su aprobación en el recinto, deberá regresar a la Cámara baja para continuar el trámite legislativo antes de alcanzar una eventual sanción definitiva.

A su vez, el Senado avanzó con una iniciativa para incorporar la educación emocional en todos los niveles educativos. Aunque cada proyecto aborda una cuestión diferente, los tres forman parte de una discusión sobre los desafíos que enfrentan las escuelas frente a los cambios tecnológicos y sociales.

La regulación de los dispositivos, la prevención de la violencia en internet y el trabajo sobre las emociones plantean la necesidad de establecer criterios claros para la convivencia escolar.

El alcance definitivo de estas medidas dependerá de la continuidad del proceso legislativo, la reglamentación que corresponda y las herramientas que reciban las instituciones para aplicarlas. Mientras tanto, el debate sobre el papel de las familias, la autonomía escolar y la responsabilidad en el uso de la tecnología seguirá ocupando un lugar central en la agenda educativa bonaerense.