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AIEPA advierte que el cambio previsional puede aumentar costos
La AIEPA alertó que el traspaso de trabajadores de colegios privados al IPS podría incrementar los costos laborales, generar incertidumbre previsional y profundizar el conflicto entre Nación y Provincia.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar la aplicación del nuevo régimen previsional dispuesto por la Provincia de Buenos Aires para el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de los establecimientos educativos de gestión privada.
La entidad considera que la modificación establecida en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 no solo plantea interrogantes jurídicos, sino que también puede producir efectos económicos sobre las instituciones educativas y generar incertidumbre para miles de trabajadores respecto de su futura situación jubilatoria.
Según las estimaciones del sector, la medida alcanzaría a entre 50.000 y 55.000 empleados, entre auxiliares, personal no docente y docentes que desarrollan actividades por fuera de la planta funcional obligatoria.
De concretarse el traspaso, todos ellos dejarían de realizar aportes al régimen nacional administrado por ANSES para incorporarse al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.
Costos laborales que podrían incrementarse
Uno de los principales puntos señalados por AIEPA está relacionado con el posible aumento de los costos laborales para los establecimientos educativos privados.
La entidad sostiene que el cambio podría afectar la aplicación del régimen diferencial de contribuciones patronales previsto por la normativa nacional para los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial.
En caso de perder ese beneficio o de que existan dificultades para su implementación bajo el nuevo esquema, las instituciones podrían afrontar mayores cargas previsionales, con el consecuente impacto sobre sus estructuras de costos.
Desde AIEPA remarcan que este escenario genera preocupación especialmente entre los establecimientos de menor tamaño, que dependen de una administración equilibrada de sus recursos para sostener el funcionamiento cotidiano.
La asociación considera que una modificación de estas características requiere reglas claras y una adecuada coordinación entre los distintos organismos estatales antes de entrar en vigencia.
Posibles efectos sobre el salario de los trabajadores
Además del impacto para las instituciones, la entidad advierte que el cambio podría repercutir directamente sobre los trabajadores alcanzados por la medida.
Según explicó AIEPA, el aporte personal exigido por el régimen previsional provincial es superior al previsto en el sistema nacional.
Como consecuencia, quienes sean incorporados al IPS podrían experimentar una reducción en el salario de bolsillo debido al mayor porcentaje destinado a los aportes jubilatorios.
La asociación entiende que este aspecto también debe ser analizado con detenimiento, ya que modifica las condiciones previsionales de trabajadores que hasta ahora venían desarrollando toda su carrera laboral bajo el régimen administrado por ANSES.
La incertidumbre sobre las futuras jubilaciones
Otro de los puntos que genera preocupación es el impacto que la medida podría tener sobre el acceso a las jubilaciones.
AIEPA sostiene que muchos trabajadores poseen una trayectoria previsional desarrollada casi en su totalidad dentro del sistema nacional.
Si comienzan a aportar al régimen provincial, podrían no reunir en el futuro los años de servicios requeridos para acceder a una jubilación otorgada por el IPS.
En ese escenario, eventualmente deberían tramitar su beneficio ante ANSES, pese a haber realizado durante varios años aportes al sistema provincial.
La entidad considera que esta situación podría generar dificultades administrativas y afectar la previsibilidad que necesitan los trabajadores para planificar su retiro laboral.
Por ese motivo, reclama una definición normativa clara antes de modificar el régimen vigente.
El conflicto llegó a la Corte Suprema
La controversia adquirió una nueva dimensión institucional luego de que el Estado Nacional promoviera una acción judicial contra la Provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación, impulsada por el Ministerio de Capital Humano con intervención de los organismos competentes, solicita la declaración de inconstitucionalidad de la normativa bonaerense y pide además una medida cautelar para suspender su aplicación mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Para AIEPA, esta intervención constituye un respaldo a los argumentos que la entidad viene sosteniendo desde el inicio del conflicto.
La asociación interpreta que la demanda nacional demuestra que la discusión excede el ámbito administrativo provincial y alcanza cuestiones vinculadas con las competencias federales, el funcionamiento del sistema previsional argentino y la administración de los recursos de la seguridad social.
Reclamos cruzados y seguridad jurídica
Uno de los escenarios que más preocupa al sector educativo privado es la posibilidad de que los establecimientos enfrenten reclamos simultáneos provenientes de organismos nacionales y provinciales.
Desde AIEPA explican que, si las escuelas dejan de ingresar los aportes al régimen nacional sin una disposición expresa que las exima de esa obligación, podrían ser objeto de futuras intimaciones o reclamos por parte de ANSES, ARCA u otros organismos competentes.
Al mismo tiempo, la normativa provincial exige la incorporación de ese personal al régimen previsional bonaerense.
La coexistencia de ambas situaciones podría colocar a las instituciones en una posición de gran complejidad administrativa y legal.
Por ese motivo, la entidad insiste en que ninguna escuela debería verse obligada a elegir entre dos sistemas previsionales mientras no exista una definición judicial o normativa que despeje definitivamente las dudas existentes.
El pedido de AIEPA
Mientras avanza la acción judicial presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y se desarrolla la demanda impulsada por el Estado Nacional ante la Corte Suprema, AIEPA mantiene su solicitud para que no se exija la implementación inmediata del nuevo régimen.
La asociación sostiene que los colegios privados no buscan eludir sus obligaciones laborales ni previsionales, sino contar con un marco legal claro que permita cumplir correctamente con las normas vigentes sin exponerse a sanciones o conflictos posteriores.
Para la entidad, la prioridad es garantizar seguridad jurídica tanto para las instituciones educativas como para sus trabajadores, evitando situaciones que puedan derivar en mayores costos, superposición de obligaciones o perjuicios previsionales para miles de personas alcanzadas por la medida.
A la espera de las resoluciones judiciales, el conflicto continúa abierto y podría marcar un precedente importante sobre la relación entre los regímenes previsionales nacional y provincial, así como sobre el alcance de las competencias de cada jurisdicción en materia de seguridad social.
