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Empresas privadas toman el control de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales
Las rutas nacionales concesionadas en Buenos Aires y La Pampa cambiaron de operador desde julio. El nuevo esquema privado convive con reclamos laborales y una fuerte controversia política.
Las rutas nacionales administradas hasta ahora por Corredores Viales S.A. iniciaron una nueva etapa con la entrada en vigencia de las concesiones otorgadas a empresas privadas para la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de corredores estratégicos.
La medida forma parte de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones y modifica el sistema mediante el cual se gestionan algunas de las principales rutas y autopistas del centro del país.
Con la firma de los contratos, la empresa estatal deja de operar estos tramos, mientras que las nuevas concesionarias asumen la responsabilidad sobre el funcionamiento de los peajes, las tareas de mantenimiento y las futuras inversiones previstas en los contratos.
Rutas con nuevos operadores
El Tramo Pampa quedó a cargo de Corredor Vial 5 SAU e incluye la totalidad de la Ruta Nacional 5 entre Luján y el empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando Mercedes y sectores de la provincia de La Pampa.
Por su parte, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur será administrado por Rutas Sur Atlántico S.A., incorporando las rutas nacionales 3, 205 y 226, junto con las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
En conjunto representan uno de los sistemas viales de mayor importancia para el tránsito de personas y mercaderías en el territorio bonaerense.
Con el nuevo esquema, Vialidad Nacional dejará de participar directamente en el financiamiento de estos corredores.
Según informó el organismo, las inversiones necesarias para garantizar el mantenimiento y la prestación de servicios serán realizadas íntegramente por las empresas concesionarias.
La función estatal quedará limitada al control del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los niveles de servicio comprometidos.
Incertidumbre para los trabajadores
Más allá de los cambios administrativos, la principal preocupación continúa centrada en el futuro del personal que trabajaba para Corredores Viales S.A.
Hasta el momento no se difundieron precisiones sobre la continuidad laboral de quienes desempeñaban funciones en las estaciones de peaje y otras dependencias operativas.
Los representantes sindicales señalaron que aún existe escasa información sobre las condiciones en que se realizará el traspaso del personal hacia las nuevas empresas.
Esta incertidumbre mantiene en alerta a numerosos trabajadores de los distintos corredores.
Una licitación atravesada por la polémica
El proceso licitatorio también dejó una fuerte discusión política entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense.
AUBASA había presentado una propuesta para administrar parte de estos corredores, pero el Ministerio de Economía de la Nación recomendó excluir su oferta por considerar que no cumplía determinados requisitos técnicos.
Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionaron esa decisión y sostuvieron que durante el desarrollo de la licitación se modificaron aspectos de los pliegos que terminaron dejando fuera de competencia a la empresa provincial.
Pese a la presentación de impugnaciones, la adjudicación avanzó y los contratos fueron finalmente firmados con las nuevas sociedades privadas.
Un cambio con múltiples desafíos
El inicio de las nuevas concesiones abre una etapa que será seguida de cerca tanto por usuarios como por trabajadores y autoridades.
La calidad del mantenimiento vial, el cumplimiento de las inversiones anunciadas, la continuidad laboral del personal afectado y el desarrollo de las tareas de fiscalización serán algunos de los principales aspectos que marcarán la evolución del nuevo sistema de concesiones implementado sobre una parte importante de la red vial nacional.





