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Tasas municipales: La Corte deberá definir el futuro del cobro en servicios públicos
Las tasas municipales quedaron bajo análisis de la Corte Suprema tras un dictamen favorable al Gobierno nacional que avala excluir tributos locales de las boletas de luz y gas.
La disputa entre el Gobierno nacional y distintos municipios por el cobro de tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos se encuentra en una instancia decisiva.
La Procuración General de la Nación emitió dos dictámenes que respaldan la postura del Poder Ejecutivo y recomiendan a la Corte Suprema rechazar los planteos presentados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.
Aunque la opinión del procurador Eduardo Casal no obliga al máximo tribunal, constituye un antecedente de peso dentro del proceso judicial y suele ser considerada al momento de dictar sentencia.
La resolución definitiva tendrá consecuencias que podrían extenderse a numerosos municipios del país que actualmente utilizan las facturas de servicios para percibir tributos locales.
Tasas municipales en las boletas: el eje de la discusión
El centro del debate gira alrededor de la posibilidad de incorporar conceptos ajenos al consumo de electricidad, gas, agua u otros servicios públicos dentro de las facturas emitidas por las empresas prestatarias.
La Resolución 267/2024 estableció que esos comprobantes deben contener únicamente cargos correspondientes al servicio contratado por el usuario.
Con esa medida, el Gobierno nacional buscó eliminar la práctica mediante la cual muchos municipios cobraban tasas locales aprovechando el sistema de facturación de las distribuidoras.
La decisión fue presentada como una herramienta para mejorar la transparencia en las relaciones de consumo y evitar que los usuarios deban afrontar conceptos que no guardan relación directa con el servicio recibido.
Sin embargo, varios municipios cuestionaron la norma y sostuvieron que afectaba su autonomía financiera.
El fundamento jurídico del procurador
En los dictámenes elevados a la Corte Suprema, Eduardo Casal concluyó que la resolución nacional fue dictada por la autoridad competente y encuentra respaldo en la legislación vigente.
Respecto del caso iniciado por el Municipio de Río Grande, sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio actuó dentro de las atribuciones conferidas por la Ley de Defensa del Consumidor.
El objetivo, explicó la Procuración, consiste en garantizar que las facturas sean claras y reflejen exclusivamente los bienes o servicios contratados por el consumidor.
Asimismo, descartó que la resolución impida a los municipios ejercer su potestad tributaria.
Según ese criterio, las comunas mantienen intacta la posibilidad de crear y recaudar tasas, aunque deberán utilizar otros mecanismos distintos de las boletas de servicios públicos.
El régimen eléctrico también fue determinante
En el expediente correspondiente a José C. Paz, el procurador incorporó además un argumento relacionado con el marco regulatorio del servicio eléctrico.
Casal recordó que Edenor opera bajo un régimen federal y señaló que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, prohíbe incluir tributos locales o conceptos ajenos al servicio dentro de las facturas emitidas por las distribuidoras eléctricas.
Ese elemento fortalece, según la Procuración, la competencia del Estado nacional para establecer reglas generales sobre la emisión de las boletas.
La discusión también tuvo una fuerte dimensión política.
Desde el oficialismo nacional se impulsaron iniciativas legislativas para reducir o eliminar tasas municipales en distintos concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires.
En respuesta, el gobernador Axel Kicillof cuestionó esa estrategia y sostuvo que la incidencia de las tasas municipales sobre la economía resulta reducida cuando se analiza en relación con el Producto Bruto Interno.
Mientras tanto, varios municipios continuaron defendiendo la constitucionalidad del sistema de cobro mediante acciones judiciales.
La coexistencia de fallos favorables y decisiones contradictorias explica por qué el conflicto terminó llegando a la Corte Suprema.
Lo que puede definir el máximo tribunal
La decisión que adopte la Corte Suprema excederá los casos particulares de Río Grande y José C. Paz.
El fallo sentará un precedente sobre el alcance de las competencias nacionales en materia de regulación de servicios públicos y sobre los límites de la autonomía tributaria de los municipios.
Si el tribunal sigue el criterio propuesto por la Procuración General, quedará ratificada la potestad del Gobierno nacional para impedir que las empresas distribuidoras incluyan tasas municipales en las facturas de luz, gas y otros servicios.
En cambio, si la Corte resuelve en sentido contrario, los municipios podrían mantener o recuperar ese mecanismo de recaudación.
Por esa razón, el pronunciamiento esperado será seguido con atención tanto por las administraciones locales como por las empresas prestadoras y millones de usuarios de servicios públicos en todo el país, ya que definirá el marco legal aplicable a uno de los debates más relevantes sobre la relación entre Nación, provincias y municipios.
