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Obra Pública: Kicillof impulsa cambios para dar previsibilidad a las empresas
La Provincia actualizó la reglamentación de la Obra Pública con nuevas reglas para licitaciones, contrataciones directas y prórrogas, buscando acelerar proyectos y reducir trámites administrativos.
La provincia de Buenos Aires puso en marcha una importante actualización del régimen que regula la ejecución de la obra pública. La decisión fue oficializada mediante el decreto 623/2026 y representa una modificación significativa en procedimientos que permanecían vigentes desde hace décadas.
La normativa adapta el decreto reglamentario 5488/59 a las disposiciones incorporadas por la Ley de Presupuesto 2026 y modifica siete artículos con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y agilizar los tiempos de contratación.
Desde el Ejecutivo provincial consideran que la obra pública ocupa un lugar estratégico dentro de la economía bonaerense y que resulta necesario contar con herramientas más modernas para responder a las demandas actuales de infraestructura.
La actualización busca reducir instancias burocráticas, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y facilitar la concreción de proyectos en distintos puntos del territorio provincial.
Obra Pública como motor económico
En los fundamentos del decreto, el Gobierno remarca que la inversión en infraestructura constituye una herramienta fundamental para promover el crecimiento económico y la generación de empleo.
Bajo esa premisa, la administración provincial sostiene que la mejora de los procedimientos administrativos puede traducirse en una ejecución más eficiente de las obras y en una utilización más efectiva de los recursos públicos.
La reforma apunta a evitar retrasos derivados de trámites administrativos extensos y a generar condiciones que permitan avanzar con mayor rapidez en la planificación y concreción de proyectos.
La iniciativa también procura brindar mayor seguridad jurídica a las empresas contratistas, estableciendo reglas más claras para distintas etapas del proceso.
Cambios en el Consejo de Obras Públicas
Uno de los puntos más relevantes de la reforma involucra al Consejo de Obras Públicas.
Hasta ahora, el organismo intervenía en distintas instancias previas a la licitación. Con la nueva reglamentación, su participación quedará limitada a la emisión de una Validación de Proyecto con carácter exclusivamente técnico.
Este dictamen abarcará la evaluación de documentación fundamental como planos, presupuestos oficiales, memorias descriptivas y pliegos de bases y condiciones.
La modificación pretende concentrar la actuación del organismo en aspectos técnicos específicos y eliminar procedimientos considerados redundantes dentro del circuito administrativo.
Contrataciones más ágiles
La normativa también redefine los mecanismos para contratar obras de menor magnitud.
A partir de ahora podrán realizarse contrataciones directas cuando el presupuesto oficial no supere las 400 unidades de medida establecidas por la reglamentación.
Dichas unidades estarán vinculadas al valor del metro cuadrado de construcción y serán actualizadas periódicamente según indicadores objetivos del sector.
La Provincia considera que esta herramienta permitirá acelerar intervenciones puntuales y atender necesidades urgentes sin atravesar procesos licitatorios complejos.
Nuevos criterios de adjudicación
Si bien el precio seguirá siendo el elemento principal para seleccionar ofertas, la nueva reglamentación habilita la incorporación de otros criterios de evaluación.
Entre ellos figuran la calidad técnica de la propuesta, la experiencia de la empresa, sus antecedentes, su solvencia económica y aspectos relacionados con la sostenibilidad.
La utilización de estos factores deberá estar expresamente prevista en los pliegos y tendrá carácter excepcional.
Según la normativa, esta posibilidad permitirá valorar aspectos que pueden resultar determinantes para garantizar la correcta ejecución de los trabajos contratados.
Más flexibilidad durante la ejecución
Otro aspecto importante de la reforma está relacionado con las modificaciones que suelen producirse durante el desarrollo de una obra.
La nueva reglamentación establece que, cuando se utilicen reservas presupuestarias previstas por la ley, no será necesario firmar un nuevo contrato para introducir cambios.
En esos casos alcanzará con una resolución administrativa que apruebe las modificaciones y certifique su necesidad.
Además, se incorporó una regulación específica para las solicitudes de ampliación de plazos.
Las empresas podrán requerir prórrogas cuando existan causas justificadas contempladas en la legislación, siempre que presenten la documentación correspondiente dentro del plazo establecido.
Con estas modificaciones, la Provincia busca consolidar un sistema de contratación más dinámico, previsible y eficiente, orientado a acelerar la ejecución de obras y optimizar la gestión de la infraestructura pública en todo el territorio bonaerense.
