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Libertarios buscan eliminar la Ley de Etiquetado en plena ofensiva desreguladora
En el Congreso, diputados libertarios y aliados avanzan con la derogación de la Ley de Etiquetado. La medida forma parte de su agenda de desregulación y crítica al intervencionismo estatal.
La Ley de Etiquetado, eje de la “batalla cultural”
El bloque libertario redobla su ofensiva legislativa con un proyecto que apunta a derogar la Ley de Etiquetado Frontal, en línea con su discurso contra la intervención del Estado en la vida privada y el mercado.
La iniciativa, presentada por Alejandro Bongiovanni y acompañada por Daiana Fernández Molero, se enmarca en lo que el espacio define como una “batalla cultural” contra regulaciones consideradas excesivas. En ese sentido, la normativa de etiquetado es señalada como un ejemplo de intromisión estatal en decisiones individuales de consumo.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la ley, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, no solo fracasó en sus objetivos, sino que también generó efectos adversos en la economía.
Críticas al modelo vigente
Los impulsores del proyecto afirman que el sistema de advertencias frontales no logró modificar de manera significativa los hábitos alimentarios de la población. A su vez, consideran que la normativa introdujo distorsiones en el mercado y afectó la competitividad de la industria alimenticia.
Entre los principales cuestionamientos, señalan que el esquema actual desincentiva la innovación y la reformulación de productos, al establecer criterios rígidos que no contemplan la complejidad nutricional. También advierten que la ley puede constituir una barrera para el comercio exterior, al imponer requisitos distintos a los de otros mercados.
Para los legisladores libertarios, la solución pasa por eliminar la norma y avanzar hacia un sistema basado en la libre elección informada, sin imposiciones regulatorias. En este punto, insisten en que el consumidor debe ser el principal actor en la toma de decisiones, sin intervenciones del Estado.
El proyecto abre un nuevo frente de discusión en el Congreso, donde la salud pública y la libertad económica volverán a confrontar. Mientras el oficialismo busca consolidar su agenda de reformas, la oposición anticipa resistencia ante una medida que considera regresiva en materia de derechos de los consumidores.
La definición dependerá del equilibrio de fuerzas parlamentarias y del impacto que el debate tenga en la opinión pública, en un contexto donde las políticas alimentarias siguen siendo un tema sensible.
