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Proyecto para prohibir celulares en cárceles bonaerenses genera debate
La Legislatura bonaerense analiza un proyecto que propone prohibir celulares en las cárceles y establecer comunicaciones controladas para internos con el objetivo de evitar delitos organizados desde prisión.
Un proyecto presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone modificar el régimen de comunicaciones dentro de las cárceles bonaerenses mediante la prohibición del uso de teléfonos celulares por parte de los internos.
La iniciativa fue presentada por legisladores del espacio La Libertad Avanza y lleva el nombre de “Ley Rodrigo”, en referencia a Rodrigo Gómez, un soldado que fue víctima de una extorsión telefónica organizada desde el interior de una unidad penitenciaria.
El proyecto fue impulsado por el diputado provincial Oscar Liberman y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Según trascendió en la investigación judicial, la maniobra delictiva que afectó al soldado habría sido coordinada desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena.
Celulares en cárceles: el origen del debate
El uso de celulares en las cárceles bonaerenses se encuentra regulado por un protocolo que fue implementado en 2020 durante la pandemia.
En ese momento, las autoridades permitieron el uso de teléfonos móviles para facilitar la comunicación de los detenidos con sus familiares debido a la suspensión de visitas presenciales.
Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el impacto de esa medida en la seguridad.
Diversas investigaciones judiciales detectaron que algunos detenidos utilizaban teléfonos celulares para organizar delitos desde el interior de las cárceles, entre ellos estafas telefónicas y extorsiones.
Este escenario generó un debate político sobre la necesidad de modificar el sistema actual de comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.
Un nuevo esquema de comunicaciones
El proyecto de ley propone reemplazar el protocolo vigente por un sistema de llamadas controladas.
Según la iniciativa, los internos solo podrán comunicarse a través de teléfonos habilitados por el Servicio Penitenciario.
Cada detenido tendrá la posibilidad de realizar llamadas durante un máximo de dos horas diarias y únicamente con cinco contactos previamente autorizados.
Para ello, deberá presentar un listado de personas con las que desea comunicarse, que luego deberá ser aprobado por las autoridades del establecimiento.
Además, las comunicaciones podrán ser supervisadas con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad o puedan afectar a víctimas de delitos.
Tecnología para bloquear señales
Otro de los ejes del proyecto es la incorporación de tecnología para impedir el funcionamiento de celulares dentro de los pabellones.
Entre las medidas previstas se incluye la instalación de inhibidores de señal y sistemas de detección de dispositivos móviles que permitan localizar teléfonos activos dentro de las unidades penitenciarias.
El proyecto también propone reforzar las requisas y los controles de seguridad para evitar el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos.
Qué ocurrirá con los celulares existentes
La propuesta también contempla un procedimiento para retirar los teléfonos que actualmente estén en manos de los internos.
En caso de que la ley sea aprobada, el Servicio Penitenciario deberá notificar a los detenidos para que entreguen sus celulares dentro de las 24 horas posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Los dispositivos podrán ser retirados por familiares después de seis meses. Aquellos teléfonos que no estén registrados o que no puedan ser identificados serán destruidos en un acto público.
Para los impulsores del proyecto, la reforma apunta a impedir que las cárceles funcionen como espacios desde los cuales se planifican delitos.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo y será debatida en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su eventual aprobación.
