Kicillof aplica un esquema de emergencia impositiva

El gobierno de Axel Kicillof se encuentra en una encrucijada fiscal, el mandatario bonaerense tomó la decisión de aplicar un decreto de emergencia, prorrogan la ley de impuestos vigente hasta el momento.

Sin embargo, esta medida ha desatado críticas contundentes, principalmente desde la oposición, que advierte sobre la posible inconstitucionalidad del esquema.

El rechazo al proyecto de ley impositiva para este año dejó al gobierno de Kicillof sin una normativa vigente para encarar el cobro de impuestos. Ante la falta de acuerdo en la Legislatura, la administración provincial optó por prorrogar las normativas del año anterior, utilizando el decreto 3682 como salvavidas. Esta decisión, que mantiene las cuotas del Impuesto Inmobiliario y otros tributos con valores idénticos a los de 2024, no ha sido bien recibida por todos los sectores, especialmente por aquellos que consideran que esta acción transgrede la Constitución.

¿Por qué se prorrogan los impuestos de 2024?

Según la normativa vigente hasta el momento, los vencimientos fiscales más inmediatos corresponden al Impuesto Inmobiliario, cuya primera cuota debería pagarse en febrero de 2025. Sin una nueva Ley Impositiva aprobada por la Legislatura, el gobierno de Kicillof se vio obligado a recurrir a la prórroga de las leyes del año anterior. Esto implica que los contribuyentes deberán abonar en 2025 las mismas cuotas que en 2024, sin ajustes o aumentos. De hecho, si no se logra llegar a un acuerdo parlamentario sobre una nueva ley, este mecanismo se extenderá a lo largo de todo el año, aplicándose a todos los impuestos provinciales.

El procedimiento, que se limita a la replicación de las cuotas de 2024, tiene un par de excepciones: se mantendrán las bonificaciones por pago anual, pago con débito y adhesión al débito automático, beneficios que no existían en 2024. Aunque estas bonificaciones fueron contempladas en la Ley Impositiva que no fue aprobada, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) emitirá una resolución para sostenerlas durante el 2025.

¿Es constitucional la prórroga del Decreto 3682?

El decreto firmado por Axel Kicillof ha sido rápidamente cuestionado por la oposición, que advierte sobre posibles irregularidades constitucionales. Diego Garciarena, presidente del bloque de la UCR + Cambio Federal, expresó su objeción a través de redes sociales, señalando que la prórroga de la Ley Fiscal por parte del Poder Ejecutivo es inconstitucional. En su cuenta de X, Garciarena argumentó que el artículo 2 del Decreto 3681/2024 “es de dudosa legalidad”, y destacó que la facultad de modificar y prorrogar la ley fiscal es un poder exclusivo del Legislativo, tal como lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

“El Poder Ejecutivo no puede prorrogar una ley fiscal. Este principio es claro en la legislación, donde la norma tributaria debe ser emitida exclusivamente por el Poder Legislativo”, agregó Garciarena, citando la histórica máxima de la Revolución Francesa: “No hay impuestos sin ley”. Según el dirigente radical, el decreto de Kicillof vulnera esta regla, al intentar extender la ley de impuestos sin la debida intervención del Parlamento.

Esta objeción jurídica coloca al gobierno de Kicillof ante un dilema delicado: si la prórroga de la ley es declarada inconstitucional, el esquema de recaudación que se pretende implementar podría caer, lo que pondría al gobierno en una situación financiera aún más comprometida.

El debate sobre la constitucionalidad: dos visiones

A pesar de las críticas de la oposición, el gobierno de Axel Kicillof mantiene que la prórroga del decreto es completamente legal. Fuentes del Ejecutivo aseguran que existen “dos bibliotecas” sobre cómo interpretar este tipo de situaciones, sugiriendo que la medida adoptada por el gobernador tiene fundamentos jurídicos sólidos. El Ejecutivo destaca que, en situaciones excepcionales como la actual, donde el Congreso no ha aprobado la nueva ley de impuestos, la prórroga es una herramienta legítima para garantizar la continuidad de la recaudación.

Desde el Gobierno Provincial, insisten en que la prórroga no solo es una medida de emergencia, sino que se encuentra respaldada por precedentes legales y constitucionales. La disputa sobre la legalidad de la prórroga es, por lo tanto, el punto más álgido en este conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo. La resolución de esta controversia podría tener implicaciones significativas sobre cómo se implementan las políticas fiscales en la provincia.

¿Qué futuro le espera a la Ley Impositiva 2025 de Kicillof?

El futuro de la Ley Impositiva para 2025 depende ahora de la negociación entre el Ejecutivo y la oposición, que está prevista para reanudarse este mes. Sin embargo, a medida que se aproxima el vencimiento de los primeros impuestos, la urgencia de llegar a un acuerdo se hace cada vez más evidente. Si no se logra una resolución satisfactoria, la prórroga de las leyes anteriores podría convertirse en una medida estable para todo el año, algo que la oposición no está dispuesta a aceptar sin antes discutir a fondo la constitucionalidad de los decretos emitidos.

En este contexto, los contribuyentes bonaerenses se encuentran en una incertidumbre fiscal que dependerá de las próximas definiciones legislativas. Los efectos de esta controversia podrían dejar huella en la administración fiscal de Kicillof y afectar su relación con la oposición, que no deja de señalar las irregularidades en el manejo de las normativas impositivas.