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Ciberpedofilia: realizaron 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades bonaerenses

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allanamientos por ciberpedofilia

Un amplio operativo contra la ciberpedofilia permitió concretar 121 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para investigar delitos vinculados con abuso sexual infantil en entornos digitales.

La provincia de Buenos Aires llevó adelante uno de los procedimientos más importantes de los últimos años en la lucha contra la ciberpedofilia y los delitos sexuales cometidos mediante plataformas digitales.

Operativo coordinado contra la ciberpedofilia en toda la provincia

En el marco de la séptima edición de la denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se realizaron de manera simultánea 121 allanamientos en 76 localidades bonaerenses con el objetivo de identificar y desarticular redes vinculadas a la distribución, producción y tenencia de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento fue impulsado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, bajo la órbita del procurador general Julio Conte-Grand.

Según informaron oficialmente, la investigación comenzó sobre 138 objetivos, aunque finalmente se concretaron 121 allanamientos tras las tareas de inteligencia y análisis desarrolladas por los equipos especializados.

La investigación involucró a 111 personas, entre ellas dos menores de edad que habrían compartido material de abuso sexual infantil a través de medios digitales.

Una investigación con alcance en toda la Provincia

El despliegue judicial alcanzó a departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, además de la descentralizada de Tres Arroyos.

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Para coordinar semejante operativo trabajaron de manera articulada ocho fiscalías especializadas que actuaron como nodos de investigación en General Madariaga, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui y Quilmes.

El objetivo principal fue avanzar sobre delitos previstos en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que sancionan la producción, distribución, comercialización, tenencia de material de abuso sexual infantil y las conductas de acoso sexual a menores mediante medios electrónicos, conocidas como grooming.

Desde la Procuración General explicaron que este tipo de operativos busca intervenir de manera coordinada sobre múltiples investigaciones abiertas en distintos departamentos judiciales, permitiendo optimizar recursos y acelerar la identificación de los responsables.

El perfil de las personas investigadas

Los datos difundidos por el Ministerio Público muestran la diversidad de perfiles alcanzados por la investigación.

Del total de personas investigadas, 106 son hombres y cinco mujeres. Las edades oscilan entre los 15 y los 75 años, lo que refleja que este tipo de delitos puede involucrar a personas de distintas franjas etarias.

Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los investigadores es que seis de los imputados desempeñaban actividades laborales con contacto directo con niños, niñas o adolescentes, situación que será evaluada en el marco de cada expediente judicial.

Además, durante los procedimientos se detectó la presencia de 37 menores de edad que convivían con los investigados y también fueron identificadas cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, cuya situación quedó bajo intervención de las autoridades competentes.

En uno de los allanamientos se identificó a una persona que ya registraba antecedentes por una causa de abuso sexual infantil.

Por otra parte, uno de los casos investigados surgió como derivación de un operativo anterior relacionado con la tenencia de material de abuso sexual infantil. La continuidad de esa investigación permitió detectar una nueva imputada por presunta producción y distribución de ese tipo de contenido.

Secuestro de dispositivos y análisis de evidencia digital

Uno de los principales objetivos del operativo fue asegurar evidencia informática que permita profundizar las investigaciones judiciales.

Como resultado de los allanamientos fueron secuestradas 80 computadoras, 165 teléfonos celulares y 160 dispositivos de almacenamiento digital, entre discos rígidos, memorias y otros soportes electrónicos que serán sometidos a pericias forenses.

Los investigadores también incautaron dos armas de fuego durante los procedimientos.

En paralelo, especialistas realizaron 31 análisis preliminares —conocidos como triages o visus— sobre parte de los dispositivos secuestrados para determinar rápidamente la existencia de material relevante para las causas.

Las autoridades destacaron que este tipo de análisis permite orientar las investigaciones y preservar evidencia digital que luego será examinada en profundidad mediante pericias informáticas especializadas.

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Una estrategia sostenida para combatir los delitos sexuales en línea

La “Operación Bonaerense Protección de las Infancias” se ha consolidado como una estrategia permanente del Ministerio Público bonaerense para enfrentar los delitos sexuales cometidos en entornos digitales.

La séptima edición volvió a reunir a fiscales especializados, ayudantes fiscales, equipos informáticos y fuerzas de seguridad de distintos puntos de la provincia, con el propósito de actuar de manera simultánea y coordinada frente a investigaciones complejas que involucran el uso de internet y dispositivos tecnológicos.

Las autoridades remarcaron que estas acciones buscan no sólo identificar a quienes producen, almacenan o distribuyen material de abuso sexual infantil, sino también detectar posibles víctimas, preservar pruebas digitales y avanzar en causas judiciales que permitan desarticular este tipo de delitos.

El operativo reafirma la importancia del trabajo conjunto entre fiscalías especializadas y organismos judiciales para enfrentar una modalidad delictiva que requiere investigación tecnológica, cooperación interinstitucional y una respuesta coordinada en todo el territorio bonaerense.

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