Unicef destacó una baja en la pobreza infantil en 2024

La pobreza infantil en Argentina mostró una reducción significativa durante 2024, aunque las cifras aún se mantienen en niveles preocupantes.

Las proyecciones Unicef  para 2025 reflejan una tendencia levemente favorable, impulsada por programas sociales y una mejora parcial en los ingresos reales. No obstante, persisten desigualdades estructurales que exigen una respuesta sostenida y focalizada.

La pobreza infantil en Argentina continúa siendo uno de los principales desafíos sociales, aunque los últimos datos evidencian una evolución positiva. Según los informes más recientes, durante el segundo semestre de 2024 se registró una baja importante en los niveles de pobreza monetaria entre niños y adolescentes, alcanzando al 52,7% de la población menor de edad. Esto representa una caída de 14 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del mismo año, cuando el índice había superado el 67%.

Esta mejora no solo se refleja en términos porcentuales, sino también en cifras absolutas: se estima que aproximadamente 1,7 millones de menores dejaron de vivir en situación de pobreza entre ambos semestres de 2024. Si se compara con el cierre de 2023, la reducción es de 800.000 casos. Aunque el dato es alentador, la situación sigue siendo alarmante: más de la mitad de los niños y niñas en el país aún vive con carencias materiales significativas.

Un panorama complejo con señales de alivio

Las proyecciones para el primer semestre de 2025 se mantienen moderadamente optimistas. Se espera que el 47,8% de los menores esté en situación de pobreza monetaria, mientras que el 9,3% enfrentaría condiciones de pobreza extrema. Esta tendencia a la baja se vincula, en gran parte, con una mejora en los ingresos reales de los hogares, aunque de manera parcial y con fragilidad ante cambios económicos bruscos.

Los expertos subrayan que el impacto positivo de los programas sociales ha sido clave en esta evolución. Sin estas políticas, advierten, la tasa de indigencia infantil sería al menos 10 puntos porcentuales más alta, lo que implicaría que más de un millón de niñas y niños habrían caído en la pobreza extrema.

Durante 2024, los ingresos reales provenientes de transferencias sociales aumentaron un 4%, y en lo que va de 2025 ese incremento ya alcanza el 16%. Esto tuvo un efecto directo en la reducción de la pobreza extrema, especialmente en los sectores más vulnerables.

Entre los programas más destacados se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuya ejecución presupuestaria creció un 34% interanual en los primeros cinco meses de 2025. En términos generales, el gasto nacional destinado a políticas de niñez aumentó un 15% en términos reales respecto al mismo período del año anterior.

Persisten brechas profundas: el desafío de la desigualdad

A pesar de la baja en el índice general de pobreza infantil, el escenario está lejos de ser homogéneo. Las estadísticas revelan profundas desigualdades estructurales que afectan con mayor dureza a ciertos sectores.

Por ejemplo, en los hogares donde la persona a cargo no finalizó la educación primaria, la pobreza infantil alcanza al 80,9%, mientras que en aquellos con jefatura adulta con secundaria completa el índice baja al 10,6%. Esta diferencia evidencia el vínculo directo entre nivel educativo y condiciones económicas.

Del mismo modo, las infancias que crecen en contextos de informalidad laboral o en barrios populares enfrentan tasas de pobreza elevadísimas: 68,4% y 72,3% respectivamente. En los hogares monoparentales encabezados por mujeres, el índice llega al 60%, lo que señala una vulnerabilidad adicional para las jefas de hogar y sus hijos.

Estos datos revelan que la pobreza infantil no es una problemática distribuida de forma equitativa, sino que responde a múltiples factores interrelacionados: educación, empleo, hábitat y género, entre otros.

Más allá de los ingresos: las privaciones no monetarias

Otro aspecto clave del análisis está relacionado con las privaciones no monetarias: carencias que afectan derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, saneamiento, educación de calidad y condiciones adecuadas de hábitat. A diferencia de los ingresos, estas dimensiones no presentan variaciones rápidas y requieren de políticas públicas estructurales y sostenidas en el tiempo.

Las privaciones no monetarias representan una forma de pobreza menos visible pero igualmente dañina, ya que afectan el desarrollo integral de niños y niñas, condicionando sus oportunidades futuras. Analizar su evolución permite diseñar estrategias de política pública más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de la infancia.

Hacia un enfoque integral y federal

Uno de los desafíos señalados por especialistas en el tema es la necesidad de profundizar el análisis del gasto público consolidado entre Nación y provincias, para evaluar la magnitud, distribución y eficiencia de los recursos destinados a la niñez. En un país con estructura federal como Argentina, resulta indispensable articular esfuerzos y recursos entre los distintos niveles del Estado para garantizar una cobertura integral y equitativa.

El informe más reciente sobre pobreza infantil concluye que los avances logrados no deben ser interpretados como metas alcanzadas, sino como puntos de partida para una transformación sostenida. Si bien el descenso en los indicadores es una buena noticia, la magnitud del problema exige una respuesta continua, integral y enfocada en reducir las desigualdades estructurales que afectan a millones de niños y niñas en todo el país.

La pobreza infantil en Argentina muestra señales de mejora tras años de retroceso y crisis. Sin embargo, el problema persiste en niveles alarmantes y con una distribución profundamente desigual. La combinación de políticas sociales, mejoras en el ingreso real y desaceleración inflacionaria ha permitido una reducción significativa, pero el camino hacia una infancia sin pobreza aún es largo y requiere del compromiso sostenido de toda la sociedad.

El verdadero desafío no radica solo en mejorar estadísticas, sino en garantizar condiciones de vida dignas, equitativas y sostenibles para todas las infancias del país, sin importar su origen, género o lugar de residencia.