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Conmoción en Olivera: Lo condenan por matar a un perro de un escopetazo
El reciente fallo judicial que condenó a un vecino de la localidad de Olivera, partido de Luján, por la muerte de un perro generó fuerte repercusión en la comunidad y abrió nuevamente el debate sobre las penas para los delitos contra los animales.
La condena, dictada por el Juzgado en lo Correccional N°1 de Mercedes, dispuso una pena de un mes de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta, luego de un juicio que dejó más preguntas que respuestas para quienes reclamaban una sanción más severa.
El hecho que derivó en esta sentencia ocurrió en septiembre de 2022. Según se estableció durante el debate oral, un perro mestizo de aproximadamente tres años ingresó accidentalmente al predio rural propiedad de Martín Bori, de 33 años, vecino de Olivera. La reacción del hombre fue inmediata y letal: tomó una escopeta y le disparó al animal, causándole la muerte en el acto.
La autopsia practicada al animal reveló el dramatismo del suceso. El perro recibió al menos 14 perdigones en la zona abdominal, varios de los cuales se alojaron en órganos vitales como el corazón y los pulmones, provocando un desenlace instantáneo.
El proceso judicial y una condena que generó polémica
El juicio oral comenzó el pasado 27 de mayo y estuvo marcado por la controversia desde sus inicios. La querella, que representó a los dueños del animal fallecido, consideró desde el primer momento que la calificación legal elegida para el caso, “daño”, era insuficiente para reflejar la gravedad de lo ocurrido. Durante su alegato final, solicitaron una condena de un año de prisión en suspenso y manifestaron su disconformidad por la desestimación de figuras penales más graves.
La Fiscalía, por su parte, adoptó una postura intermedia. Pidió tres meses de prisión en suspenso, acompañados por dos años de reglas de conducta. Finalmente, el Juzgado dictó una condena aún menor: un mes de prisión en suspenso, sumado al cumplimiento de condiciones durante dos años. Estas reglas incluyen la obligación de fijar un domicilio estable, someterse a controles periódicos por parte del Patronato de Liberados y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Al tratarse de una pena menor a tres años, la resolución judicial quedó firme, sin posibilidad de ser apelada ante la Cámara de Casación. Solo restaba que la defensa presentara algún planteo de inconstitucionalidad, aunque especialistas consideraron que tal iniciativa carecería de fundamentos sólidos para prosperar.
Tenencia ilegal de armas: un capítulo cerrado
Si bien el foco del juicio fue la muerte del perro, en un primer momento el acusado enfrentó cargos mucho más graves. Durante el allanamiento a su vivienda se hallaron varias armas de fuego, entre ellas piezas catalogadas como armas de guerra. Esta situación lo llevó a ser imputado por los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” y “tenencia ilegal de arma de guerra”, figuras que prevén penas que pueden llegar hasta los diez años de prisión.
Sin embargo, tiempo después, la Cámara resolvió sobreseer al imputado respecto a esos delitos, por lo que el juicio solo abordó la acusación por el “daño” causado al animal. Para muchos, esa decisión judicial representó una importante reducción de la responsabilidad penal que inicialmente se le atribuía al acusado.
La figura legal y el reclamo por penas más severas
El delito de “daño” aplicado a este caso refiere a la destrucción o deterioro de bienes ajenos. Desde el punto de vista legal, los animales aún no gozan de una figura penal específica que contemple situaciones como la muerte violenta de una mascota por acción directa de una persona. Esta carencia normativa fue uno de los aspectos más criticados por los representantes de la querella.
Lo cierto es que esta condena reavivó el reclamo de distintas organizaciones y sectores sociales por una actualización en la legislación vigente para los delitos de maltrato y crueldad animal, argumentando que las penas actuales resultan insuficientes frente a hechos de semejante brutalidad.
Un hecho que no deja indiferente a la comunidad
La muerte del perro “Billy”, como lo conocían en el barrio, no solo fue un golpe para sus dueños, sino también un motivo de indignación para los vecinos de Olivera y del partido de Luján. El episodio puso en evidencia una vez más la tensión que suele existir en zonas rurales entre propietarios de campos y animales domésticos que escapan de sus hogares.
Más allá de lo judicial, el hecho también dejó expuesto un problema social: la falta de educación y conciencia sobre el cuidado y respeto hacia los animales, especialmente en áreas rurales donde persisten prácticas que, en otros contextos, resultan inadmisibles.
La condena dictada cierra formalmente un proceso judicial, pero no cierra el dolor de quienes perdieron a su mascota de forma violenta, ni resuelve el debate pendiente en torno al trato que la Justicia argentina brinda a estos casos.
El caso de “Billy” se suma a una larga lista de situaciones similares que reclaman respuestas más firmes, tanto desde la legislación como desde la conciencia colectiva.
